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Punto y aparte
Irresponsabilidad gubernativa Vladimir de la Cruz
La política social de los gobiernos resume la acción coordinada de las instituciones del Poder Ejecutivo, centralizadas y descentralizadas, destinadas a combatir los problemas graves de miseria y pobreza extrema, marginalidad o exclusión social, que vive un millón de costarricenses.
Con este propósito, se dispone al año de miles de millones de colones en el Presupuesto Nacional de la República, debidamente justificados y respaldados financieramente.
Según los principios del gasto público, lo que está en el Presupuesto Nacional se debe destinar a satisfacer el propósito establecido. Las partidas no pueden ser para otro objetivo o necesidad, salvo modificación que se haga al presupuesto.
Así, los dineros del Presupuesto Nacional que no se gastan, provocan dos efectos inmediatos: uno, el de hacer ver que las instituciones generan un superávit, un ahorro, y el gasto es innecesario; y otro, que el presupuesto se reduce, en ese tanto, en el siguiente ejercicio fiscal.
Es decir, si se dispone de ¢50 mil millones para combatir la pobreza y de ello no se gastan ¢20 mil millones, en el siguiente año sólo se destinarán ¢30 mil millones. Pero, así, solo se incrementa la miseria.
Como parte de las políticas neoliberales impuestas al país y patrocinadas, principalmente, por los partidos gobernantes Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, también se reducen los montos para atender situaciones sociales, es decir, los dineros para educación, vivienda, salud, promoción social y una mejor calidad de vida, entre otros aspectos.
En la definición de las nuevas tendencias de desarrollo que se imponen al país con los tratados de libre comercio, como el de Estados Unidos, se obliga a modificar las condiciones de seguridad social y de trabajo, emprobreciendo más a los costarricenses, e igualando las condiciones sociolaborales a las de Centroamérica, que son más bajas que las nacionales.
Durante los últimos 2 años, bajo el gobierno socialcristiano del Dr. Abel Pacheco, se ha reducido en un 30 por ciento el incremento anual de los salarios, mientras que la inflación ha subido a un 16 por ciento, y, para este año, se quiere disminuir en un 60 por ciento el incremento salarial, al solo proponer un 4 por ciento de aumento, comparado con los últimos 12 años.
Y, por decisión política de quienes gobiernan, se ha acordado no gastar lo que se tiene para resolver esos problemas: ¢20 mil millones en 8 instituciones sociales, y no giran ¢18 mil millones a Asignaciones Familiares, por lo que el combate a la pobreza pareciera ser sólo un asunto de propaganda.
Realmente, se trata de un negocio, pues, al reducir el dinero para combatir la pobreza, no se disminuye el aparato administrativo, ni los jerarcas, ni el personal, ni las instituciones y empresas a cargo de administrar o ejecutar esos fondos.
Dinero hay -y ha habido- para combatir la pobreza y las causas sociales que la generan. Lo que no hay es voluntad política para esa lucha.
El pueblo afectado por esta irresponsabilidad debe castigar alejando del poder a los malos gobernantes. Ahora es el momento.
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