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Receso
El expolicía Palma, de camisa naranja, cuando conversaba con su abogado Jorge Regidor, durante un receso decretado en la jornada de la mañana.
Alexánder OTÁROLA/Al Día
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Cuidado, no son agentes, son ladrones
Recta final en juicio a peligrosa banda Rodolfo MARTÍN
rmartin@aldia.co.cr
La inseguridad ciudadana que afecta al país quedó al desnudo durante el juicio que se le sigue a una banda de asaltantes que se organizó para robar en casas y condominios de lujo, según trascendió ayer en medios judiciales.
Los sospechosos, que a partir de hoy comenzarán a escuchar las conclusiones de la fiscal Maribel Bustillo, no solo dejaron al descubierto la ineficiencia de algunas empresas de seguridad privada, sino también el poco control gubernamental hacia esa actividad privada, se dijo.
La banda, liderada por dos exagentes de la Unidad de Asaltos del OIJ y un policía municipal, lograron entrar a algunas exclusivas urbanizaciones de ingreso restringido con el simple decir que eran policías judiciales o de la INTERPOL.
Los guardas de esas compañías simplemente creyeron sin hacer ninguna pregunta adicional, ni tampoco registraron las identidades de los "policías" o anotaron las placas de los automóviles, se dijo ayer.
A una de las víctimas, posteriormente, las autoridades judiciales no le hicieron la básica inspección de la escena del robo, trascendió.
"La falta de control acerca de estas compañías de seguridad alcanza tal magnitud que los hoy sospechosos de integrar esta violenta organización, incluso, vendían sus propios servicios de seguridad a algunas barriadas", aseguró una fuente que pidió el anonimato.
En uno de los allanamientos que le hicieron al grupo durante la fase de investigación, les decomisaron cotizaciones hechas para la prestaciones de este servicio.
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Atento
El juez Carlos Chaves supervisa cómo se desarrolla al frente suyo el estudio de una prueba sometida ayer al proceso, a última hora. El tribunal, además, lo conforman Patricia Solano y Carlos Boza. Ambos fuera de foco.
Alexánder OTÁROLA/Al Día
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Al frente de la organización figuran dos exagentes del OIJ de apellidos Villegas y Palma, y también el expolicía municipal, de apellido Madrigal, quien ya había sido sentenciado por robo.
Además, los sospechosos de apellidos Campos, Loría y una mujer de apellido Marchini.
Al grupo se le achacan cinco golpes en concreto: dos cometidos en Ciudad Cariari y el resto en Escazú, San Francisco de Dos Ríos y Aserrí.
En todos los casos actuaron con marcada violencia, de acuerdo con lo que ha trascendido durante el juicio. Inicios El OIJ supo acerca de esta banda, pocos días después de su conformación, según lo declaró un oficial de la Sección de Asaltos durante el juicio.
El investigador expresó que su exjefe, Marvin Chavarría, quien murió de un ataque al corazón, lo llamó poco antes de morir para comunicarle que había recibido un informe en el sentido de que se estaba formando una banda liderada por algunos policías y otros que ya no lo eran.
Los jefes de la banda aprovecharon todos los conocimientos teóricos y prácticos que habían adquirido durante sus carreras como policías, para llegar a las casas de las víctimas y robar.
En la mayoría de las ocasiones, llegaron a los condominios en carros de lujo y con buenas vestimentas para despistar a los guardas y moradores.
En uno de los golpes en Ciudad Cariari, a la ofendida, que estaba sola en su casa con sus hijos, le hicieron ver que se trataba de un allanamiento judicial.
Y así se lo creyó hasta que se dio cuenta que era víctima de un robo.
Muy peligrosos
La banda que actualmente es juzgada por, presuntamente, cometer robos en casas y condominios de lujo, mediante la simulación de que eran agentes del OIJ, habría iniciado su carrera delictiva asaltando a asaltantes.
Uno de estos casos ocurrió cuando el grupo asaltó a una costarricense que había ido al banco a sacar sus ahorros personales para pagar los honorarios del defensor de su compañero sentimental a quien acababa de detener durante un operativo de drogas.
Al hombre, un sudamericano, le habían decomisado ¢46 millones durante el allanamiento a la casa.
A la mujer no le quedó otra cosa que tomar de sus propios ahorros para también llevar el sustento a la casa.
El perjuicio económico ascendió a unos ¢3 millones, que los expolicías creyeron que la mujer nunca iba a denunciar.
En este golpe, denominado "tumbonazo", la ofendida reconoció a Palma, no así a Villegas.
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