Caso de abogada que reclamó traslado

Contraloría pide indagar pago

RECOPE reinstaló a exfuncionaria y le cancelará ¢80 millones

La Contraloría General de la República pidió a RECOPE investigar lo relacionado con el pago de, al menos, ¢80 millones a una abogada de apellido Figueroa, exfuncionaria que debió reinstalar por orden de la Sala Segunda.

El ente contralor le solicitó la investigación a la Auditoría Interna, al tiempo que autorizó a RECOPE a hacer una modificación de su presupuesto para cumplir con dicha erogación.

Figueroa volvió a su puesto el 16 de octubre, cuatro años después de que los magistrados ordenaran reinstalarla y pagarle todos sus derechos.

En setiembre anterior, RECOPE informó que no había acatado la resolución inmediatamente después del fallo, porque eso implicaba pagarle unos ¢190 millones. En esa oportunidad, además, estimó la indemnización en unos ¢65 millones.

Pero ahora deberá cancelarle ¢80 millones, solo por salarios caídos desde octubre de 1998, cuando ella renunció en desacuerdo porque había sido trasladada de Limón a San José.

Ese monto surgió de un arreglo de pago extrajudicial al que llegó con Figueroa. Además, la Refinadora deberá pagar unos ¢20 millones de costas legales.

Los restantes rubros por los cuales la funcionaria reclama otra millonaria indemnización, se pagarán según lo que dicte el tribunal civil.

Cuando Figueroa dejó la empresa, se le cancelaron ¢11 millones en prestaciones, pero inmediatamente comenzó un litigio legal que, finalmente, ganó en el 2001. Según los magistrados de la Sala II, el traslado de Limón a San José adoptado por RECOPE se convirtió en un "despido encubierto", ya que, al pasarla a la capital, dejarían de pagarle beneficios como el 55 por ciento de sobresueldo por desarraigo, el 15 por ciento de sobresueldo por peligrosidad y la vivienda.

Ayer se pidió una reacción a RECOPE, pero, al cierre de edición, no se recibió respuesta.