Califican de "drástico" endurecimiento ley migración Costa Rica

(ACAN-EFE).- El canciller nicaragüense, Norman Caldera, calificó hoy de "drástica" la decisión del Congreso de Costa Rica de endurecer su ley de migración a la vez que advirtió que Nicaragua velará por el respeto a los derechos humanos de sus emigrantes.

"Creemos que son medidas drásticas, pero ellos están en su derechos de ponerlas", dijo Caldera al hablar con los periodistas después de una actividad pública en Managua.

El Congreso costarricense aprobó ayer, martes, en primer debate el proyecto de Ley de Migración que castiga con multas económicas a quien brinde empleo, albergue o encubra a un extranjero indocumentado, pero que a la vez castiga con cárcel el tráfico ilegal de personas.

Caldera señaló que los emigrantes tienen derechos porque partir de un país a otro no es un delito y que por tanto no se les puede tratar como delincuentes.

"Los emigrantes tienen derechos humanos y los vamos a proteger con todas las fuerzas que tenemos. Los países tienen derechos a poner sus normas y ellos quieren castigar a sus empleadores, es un asunto interno de Costa Rica", dijo Caldera.

La Ley de Migración de Costa Rica sanciona con multa de dos a 12 salarios a las personas y empresas que den trabajo a indocumentados.

El jefe de la diplomacia nicaragüense dijo que en su país también existe una Ley de Migración, pero que se aprobó tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos de los emigrantes.

"Hay Convenios Internacionales sobre los derechos de los emigrantes y de acuerdo con la Sala Cuarta Constitucional de Costa Rica, esos Convenios están por encima de las leyes ordinarias y esta es una ley ordinaria", dijo Caldera.

Indicó que Nicaragua no tomará ninguna decisión sobre este asunto, en tanto no se presente ningún caso de violación de derechos humanos de nicaragüenses.

Las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica se han vuelto tensas después que el segundo país decidió el pasado 29 de septiembre demandar a Managua ante la Corte Interamericana de Justicia de la Haya, por la decisión de no permitir la navegación armada de guardias costarricenses sobre las aguas del fronterizo Río San Juan.

Nicaragua y Costa Rica mantienen diferencias sobre la interpretación del Tratado Jerez-Cañas, que suscribieron ambas naciones en 1858 y que definió la soberanía nicaragüense sobre el río, pero otorgó el derecho de navegación a Costa Rica.

El conflicto surgió en 2001 cuando el Gobierno de Nicaragua impidió a policías costarricenses que navegaran armados por el río San Juan.

"La Ley de Migración de Costa Rica ya venía caminando desde hace rato y lo que tenemos que asegurarnos es que no sea violatoria y la demanda de la Haya va a servir para demostrarle a Costa Rica que no tienen ningún derecho y que de una vez por todas dejen en paz a Nicaragua", concluyó Caldera.