Denuncian "juicio político" contra dirigente social por protestas

(ACAN-EFE).- Agrupaciones laborales y de derechos humanos de Costa Rica denunciaron hoy la existencia de un "juicio político" contra un dirigente social por un delito que aparentemente no cometió durante una protesta en el 2000.

La Comisión Costarricense de Derechos Humanos (CODEHU) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunciaron hoy en una rueda de prensa que con el juicio contra Orlando Barrantes, que se llevará a cabo el próximo 20 de abril, se pretende "criminalizar la protesta social".

Barrantes, secretario general del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), está acusado por el secuestro extorsivo de un grupo de policías durante una protesta que se llevó a cabo en Guápiles, provincia de Limón (Caribe) en el 2000.

Barrantes dijo en la rueda de prensa que se trataba de una manifestación pacífica en la que campesinos de la zona pedían al gobierno apoyo y solicitaban indemnizaciones por los efectos que les causaron algunos químicos en las plantaciones bananeras.

El dirigente explicó que él se encontraba en una casa negociando por teléfono con el gobierno cuando la manifestación se salió de control y los policías se enfrentaron con los manifestantes.

Aceptó que la multitud mantuvo rodeados a cuatro policías con el fin de que liberaran a 30 personas detenidas que participaban en la manifestación.

Según Barrantes, esta retención de policías no fue su responsabilidad y aseguró que no se encontraba en el sitio de los hechos, pese a que dos de los policías retenidos lo identificaron como uno de los líderes que dirigieron esta acción.

"Este juicio tiene como fin amedrentar a quienes defendemos los derechos de los pobres (...) es un atropello a las libertades democráticas de este excepcional país", afirmó.

Por su parte, la CODEHU señaló en un comunicado que "reiteramos nuestra profunda preocupación ante la creciente tendencia del gobierno costarricense a criminalizar la protesta social" y afirmó que el caso de Barrantes es una violación a los derechos humanos.

La Comisión agregó que el año pasado recibió "un número creciente" de denuncias por persecución política que "refuerzan la tendencia del Estado a castigar con cárcel a quienes se oponen abiertamente a sus políticas".

De ser encontrado culpable, Barrantes, quien junto a Iván Angulo, regidor municipal de Guápiles son los únicos acusados en el caso, podría ser castigado con hasta 60 años de prisión.