Contraloría dice que son gastos "cuantiosos" e "improcedentes"

"Congelan" comilonas a los directivos del IDA

Cada miembro gastaría ¢14 mil en alimentos por sesión

La Contraloría General de la República frenó los gastos en alimentación para los integrantes de la junta directiva del IDA, por considerarlos "cuantiosos" e "improcedentes".

Esta información consta en el informe de autorización de presupuesto al IDA, por ¢11.636 millones, para este año.

La institución pretendía gastar ¢6 millones en servicios de catering para los directivos. La Contraloría estimó que, de aprobarse esa erogación, cada funcionario consumiría ¢14 mil en comidas por sesión.

Con ese monto podrían alimentarse 155 niños en comedores escolares, cuyo presupuesto de alimentación es de ¢90 diarios por menor.

Si consideramos el gasto total por sesión, con ese dinero se podría alimentar a 930 niños.

El IDA tiene seis directivos y realizan unas 72 sesiones al año, incluyendo las extraordinarias.

La Contraloría tampoco aprobó ¢958 mil para pagar aguinaldos a los directivos por concepto de dietas.

Ayer no fue posible localizar al presidente ejecutivo de esa entidad, Gerardo Vargas.

Además, el ente contralor no autorizó el pago de prohibición a directores regionales, la compra de productos farmacéuticos, medicinas, útiles, materiales de cocina y comedor, y la adquisición de textiles y vestuarios, por la suma de ¢5 millones.

La Contraloría cuestionó el pago de un incentivo salarial del 15 por ciento sobre sus sueldos a los peritos valuadores, ya que esa materia es reserva de ley, "de tal manera que un acuerdo de junta directiva en el cual se reconoce el 15 por ciento sobre el salario base para dichos funcionarios, no constituye fuente legal suficiente para ello".

También pidió a la Asesoría Jurídica del IDA remitirle un criterio para valorar si corresponde el pago, y solicitó evaluar si procede y se justifica pagar prohibición a los funcionarios de la Unidad Tributaria.

Otro de los rubros congelados fue el correspondiente a servicios de limpieza y vigilancia, por ¢485 millones.

Según el ente contralor, el IDA no indicó cuándo vence el contrato con la Sociedad Anónima Laboral (EPROSAL) que le vende esos servicios. Tampoco informó si ha hecho una licitación que permita participar a otras empresas, con el fin de poder escoger la oferta más conveniente y económica.