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Fernando Vargas, representante del ministerio Público en Jacó Descubren plan para matar fiscal Fue planeado por grupo de narcotraficantes colombianos que operan en esa zona Christian CAMPOS, corresponsalRodolfo MARTIN rmartin@aldia.co.cr Garabito, Puntarenas.- Un grupo de narcos colombianos tramaron un plan para asesinar al fiscal Fernando Vargas, en lo que fue el segundo complot conocido contra un miembro del Ministerio Público en menos de tres meses. La noticia fue confirmada el viernes por el propio Vargas, quien desde hace varias semanas recibe protección policial las 24 horas del día. El 7 de setiembre se hizo pública una confabulación contra la fiscal Giselle Rivera, parte acusadora en el juicio por el crimen de Parmenio Medina.
El segundo plan, descubierto en un documento incautado a un sujeto de apellido Villalobos, era secreto policial. “Los narcos colombianos idearon cómo matarme y hasta dónde tirarían mi cuerpo”, reveló. La amenaza de muerte, presuntamente, fue directa y la recibió tras coordinar tres operativos consecutivos, contra ocho sudamericanos quienes fueron detenidos y encarcelados. Un testigo alertó al OIJ al revelar que dos bandas de traficantes de Jacó, “competencia” entre ellas, hicieron a un lado sus diferencias y pactaron verse para planear el homicidio. Esa cita tuvo lugar al final del tercer operativo, cuando trascendió que Vargas había adelantado que seguiría hasta ver en la cárcel a todos los narcos colombianos de Jacó, según el OIJ. La actitud encolerizó a los “socios” de los detenidos quienes, en dos reuniones posteriores –al parecer – definieron las armas a usar y el lugar donde dejarían el cuerpo. En cuanto a lo primero buscarían armas pesadas y, acerca de lo segundo, una zona montañosa cerca de Jacó”. El OIJ de Garabito supo que el homicidio sería pagado por una persona ajena a la zona. La policía judicial estima quelos elementos de prueba son fidedignos porque “ubican traficantes, lugares y detalles como tipos de autos”, agregó un agente. Un segundo informante dio detalles recientemente, acerca de la información que tenían los narcotraficantes, sobre las medidas de seguridad adoptadas por el fiscal. Los datos son ciertos. Por ejemplo, las rutas que usa para ir de la casa a la oficina y donde suele estacionar su carro. Ni con ejército Sin embargo, tras la evaluación de riesgos que hizo el Ministerio de Seguridad Pública, “me dijeron que ni con un ejército podían garantizarme la vida de mi familia y la mía”, dijo Vargas, entre otras cosas por la vulnerabilidad del edificio de la fiscalía. Actualmente, son unos cinco los fiscales que reciben la protección policial, según Willie Escalante, presidente de la Asociación que agremia a los fiscales. Esto es gracias a un convenio de la Corte Suprema de Justicia con Seguridad Pública. La entidad se mantiene alerta a colaborar en el momento necesario. Mañana, por ejemplo, está programada una nueva reunión de la “Comisión de Seguridad” creada con ese propósito. Además hay conversaciones con la Unión Europea y el gobierno colombiano, para recibir asesoría en este campo. Algunos fiscales (ver notas apartes) consideran el riesgo como parte de su trabajo.
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