Libres

En uno de los casos, fallado en mayo pasado en San José, dos mujeres quedaron en libertad porque se declaró ilegítimos los allanamientos y lo obtenido por ese medio (drogas, dinero y otros objetos).

En otro de los casos, fallado en febrero pasado en la provincia de Limón, una mujer quedó en libertad porque el juez que participó en la investigación conformó también el Tribunal de Juicio que la condenó.

También en febrero pasado, un hombre quedó libre ya que la orden de allanamiento judicial no tenía el sustento legal para llevarse a cabo, y por tanto fue rechazada como prueba por la Sala Tercera.

“Hay algunos errores muy graves”

Gerardo Láscarez, viceministro de Seguridad. Archivo

Alfonso Chaves, magistrado de la Sala III, comentó que algunas veces se cometen errores procesales muy graves. Dijo que a la gente le cuesta mucho comprender cómo, en algunos casos, se decomisa la droga y se detiene a los narcos, pero por errores procesales quedan libres. “Cuesta explicarlo a nosotros mismos. Algunas cuestiones no son tan explicables. Hay algunos errores muy graves, que no quisiéramos que pasaran, pero a veces pasan”, dijo Chaves.

Gerardo Láscarez, viceministro de Seguridad, indicó que se necesitan más capacitación y recursos técnicos para lograr afinar las acusaciones contra los narcos.

“Los medios técnicos no se adaptan a procesos tan especializados, sobre todo en narcotráfico, donde todos los detalles son tan importantes, como la custodia de la prueba, los allanamientos y acusaciones”, dijo Láscarez.

Para el Viceministro, ninguna de estas fallas son cometidas con una mala intención, sino por inexperiencia.

En julio pasado, se absolvió a una pareja, ya que estaba mal fundamentada la orden de allanamiento para realizar la operación.

El error fue de un juez penal

Allanaron la casa de Morales en Puerto Viejo. Archivo

Un hombre de apellido Morales quedó en libertad por el error cometido por un juez penal, según lo determinó la Sala III en el mes de abril del 2004. A Morales le anularon una sentencia de 12 años de prisión por posesión de droga, que le habían impuesto en Limón.

El problema se originó durante el proceso de investigación, cuando el juez penal de Limón delegó en un juez contravencional de Bribri la ejecución de un allanamiento en el sector de Puerto Viejo, distrito de Cahuita, el 19 de junio del 2003.

La Sala explicó que el juez penal de Limón recibió del Ministerio Público la solicitud de allanamiento y registro para la casa del imputado en Puerto Viejo de Limón.

“... Pero inexplicablemente, sin ninguna fundamentación, en esta resolución indica que dicha diligencia será efectuada mediante delegación, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Jueza Contravencional de Bribri. Pero de ninguna forma fundamenta la razón de la urgencia, que, en todo caso, comprueba esta Sala que no se daba porque el operativo venía siendo planeado por la policía judicial desde varios meses atrás, de modo que bien se hubiera podido practicar en cualquier momento con la presencia del Juez Penal de Limón...”.

En su resolución, los magistrados explicaron que no existe ni siquiera la posibilidad de reenviar el caso a un nuevo juicio, pues ya no es posible aportar pruebas.

También se le devolvieron todas las cosas que se le decomisaron en la casa: una caja metálica cuadrada, color verde, con el logo Fósil, dos romanas –una de ellas eléctrica– y una refrigeradora.

De nada valió investigación de dos meses

Juicio en que fueron condenados los ahora liberados. Archivo

Después de una investigación de dos meses, el OIJ de Pococí capturó a cuatro hombres, en diciembre del 2003, por supuesta venta de drogas; sin embargo, en mayo del 2005, la Sala III los dejó en libertad.

La Sala señaló que, en este caso, se sustituyó sustancialmente la acusación que se les endosó por parte de la fiscal auxiliar, y se introdujo una nueva relación de hechos por parte de otro fiscal, también auxiliar.

“... Se está así, no solo ante un quebranto al principio de congruencia que debe existir entre lo que se acusa en un primer momento y lo que se resuelve al final en sentencia, sino también ante una evidente deslealtad procesal en el actuar de los representantes del ente acusador...”, determinó la Sala en dicho fallo.

Este error cometido por el Ministerio Público se trajo abajo todo el trabajo policial, que recurrió al recurso de intervenciones telefónicas, las cuales, al parecer, comprometían a los acusados.

¿Qué intercambiaron?

Los hombres vendían drogas en Tres Ríos. Archivo

Dos hombres que fueron sentenciados a ocho años de prisión en el 2004, por estar, supuestamente, vinculados a un clan familiar que vendía drogas en Tres Ríos, quedaron en libertad por falta de prueba, según la Sala III.

“... No es factible derivar con la certeza necesaria que los encartados eran parte de ese grupo, o bien, conforme se indica en el fallo, se dedicaban a la venta de estupefacientes de manera independiente...”.

La Sala advirtió que el tribunal que los condenó, nunca cuestionó lo que mostraba un video, filmado por la policía, donde salían los dos hombres haciendo lo que llaman un intercambio o “pasón”. “... nunca se verificó qué fue lo que se intercambió por parte de aquellos...”.

También señalaron que se aceptaron como prueba las compras de drogas de la policía a los dos hombres; sin embargo, dichas compras no se hicieron con la fiscalización de la autoridad jurisdiccional, y esto “... no constituye prueba suficiente por sí sola para verificar la existencia de un delito de esta naturaleza...”, dijo la Sala.