Ronny Rojas
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La Procuraduría General de la República (PGR) le entregó al Estado, el pasado 20 de agosto, $1.213.652 (¢678.431.937), devueltos por el exdirectivo del ICE, José Antonio Lobo, quien confesó haber recibido dádivas por $2,5 millones de la empresa Alcatel.

El Gobierno debe invertir este dinero en obras o proyectos que “impliquen un beneficio a los intereses de la colectividad”, según le indicó la procuradora general, Ana Lorena Brenes, al ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga,

La PGR había depositado en las arcas del Estado, entre julio y noviembre del 2007, $907.199 (¢507.124.518), correspondientes al dinero y los intereses devueltos por el también exdirectivo del ICE, Hernán Bravo Trejos, a quien un tribunal lo condenó por corrupción en octubre del 2007, a raíz de su participación en el caso ICE-Alcatel.

Ambos depósitos son los primeros cobros que el Estado realiza por el daño causado a la sociedad por hechos de corrupción.

El Estado tiene esta potestad desde el 2002, cuando se creó la Procuraduría de la Ética Pública, durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez.

La Procuraduría depositó los dineros recuperados en tres cuentas del Banco de Costa Rica, a favor del Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional.

¿Qué harán con la plata?

El viceministro de Hacienda, José Luis Araya, explicó que la totalidad del dinero ($2.120.851) será incluido, mediante una moción en el presupuesto ordinario del 2009, que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Hacienda tiene hasta el próximo 15 de octubre para presentar esta moción.

Según Araya, la plata de Hernán Bravo, depositada en el 2007, no se invirtió este año porque “no había un presupuesto extraordinario para incorporarlo y estábamos a la espera de que ingresara el dinero de José Antonio Lobo”.

Araya dijo que el ingreso de estos dineros a las arcas del Estado fue certificado por la contabilidad nacional y prometió entregar a Al Día una copia de dicha certificación, el jueves anterior.

No obstante, a la fecha este medio sigue esperando dicho documento.

El viceministro manifestó que Hacienda aún no decide cuál será el destino de la plata.

“Estamos analizando cuál sería un beneficio a los intereses de la colectividad para asignar esos recursos” manifestó.

Hacienda debe especificar el destino de la plata en la moción que presentará a los diputados.

La Procuradora General explicó que, si bien no existe una norma que faculte a la Procuraduría a exigir el uso correcto del dinero, ellos estarían “dispuestos” a seguir el rastro de la plata, si fuera necesario.

“Esto lo habíamos conversado con autoridades del Gobierno y había la mejor disposición de invertirlo en cuestiones que tuvieran que ver con beneficios a intereses de la colectividad”, agregó Brenes.