Ronny Rojas
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La Procuraduría de la Ética intentará cobrar el daño social causado por el manejo que se le dio, en el Ministerio de Vivienda, al dinero donado por Taiwán y que pretendía mejorar la calidad de vida de 600 familias pobres en Pavas.

El abogado del Estado acreditó el mes pasado al procurador Ronald Víquez en la investigación que realiza el Ministerio Público.

“Cuando individualicen a las personas que se investigarán, aplicaremos las acciones que ejercemos en causas de corrupción. Intervendríamos para recuperar los fondos públicos que hayan sido desviados y determinar el daño social”, dijo el procurador de la Ética, Gilberth Calderón.

En el 2006, Taiwán donó al país $1,5 millones que terminaron en un fideicomiso del BCIE.

El entonces ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, utilizó la plata para pagar consultorías, comprar equipos y sufragar salarios de colaboradores suyos, según sus propias palabras.

El escándalo provocó su renuncia, una investigación de la Fiscalía y una reciente denuncia de la Contraloría General de la República.

El abogado de Zumbado, José María Tijerino, calificó ayer la denuncia de la Contraloría como “floja” y dijo que “no aporta pruebas y se basa en presunciones”.