Ronny Rojas
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La Procuraduría de la Ética acogió para estudio una consulta de la Corte Plena sobre el millonario aumento salarial para 46 funcionarios del Poder Judicial, aprobado en agosto pasado.

La Procuraduría consideró que, efectivamente, la consulta se relaciona con un tema ético en el ejercicio de la función pública.

“Analizada (la consulta) hemos visto que sí es materia de nuestra competencia. No hay un plazo pero procuraremos brindar una respuesta oportuna”, explicó el procurador de la Ética, Gilberth Calderón, quien debe resolver el asunto.

Según un fallo de la Sala IV, la Procuraduría tiene competencia para conocer temas éticos de otros poderes del Estado, en este caso el Judicial, dijo Calderón.

La Corte suspendió hace tres semanas, de manera temporal, el ajuste y decidió consultar a la Procuraduría y la Contraloría General de la República (CGR) si este se apega a la ley.

La decisión se tomó tras la intensa presión de la Asociación de Jueces del Poder Judicial y otros sectores, quienes consideran el aumento injusto e innecesario.

La Contraloría aún no se ha pronunciado sobre el tema, informó su Oficina de Prensa.

El alza salarial tendrá un costo anual de ¢426 millones y fue aprobada a partir de una recomendación del Consejo de Personal, de aumentar un 25 por ciento el sueldo de contratación del magistrado presidente y reajustar el salario base de los puestos ubicados en el “estrato gerencial”.