Patricia Recio G.
arecio@aldia.co.cr

Analizar casos de jueces acusados por evasión culposa (cuando dejan en libertad a un sospechoso), como recientemente sucedió con el juez Andrés Hernández que liberó a Ricardo Alem, fue uno de los temas que trataron ayer magistrados y jueces de todo el país, en una reunión convocada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).

Los jueces también estudiaron el caso de Ricardo Madrigal, quien puso en libertad a un acusado por narcotráfico que luego se dio a la fuga.

Abel Jiménez, presidente de la Acojud, comentó que una de las propuestas acordadas es pedir al Congreso la pronta aprobación de la Ley Contra el Crimen Organizado. Esta normativa le permitirá a los jueces contar con las herramientas necesarias para el ejercicio de la justicia.

“Los diputados no han establecido con claridad cuándo el juez o la jueza debe dictar la prisión preventiva, es un aspecto que queda a la excepción y no a la regla”, dijo Jiménez.

También se discutió sobre la necesidad de hacer una corrección al artículo 243 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que en delitos cuya pena máxima sea de tres años, los jueces estén obligados a dictar prisión preventiva.

Otro de los proyectos que, según Jiménez, es impostergable, es el de la Ley de Reforma de la Carrera Judicial.

Jiménez agregó que es “importante que los aspirantes a jueces lleven un programa de formación judicial que sirva de filtro para establecer las condiciones que se requieren”.

Otro de los temas que se discutió fue la acción de inconstitucionalidad presentada el viernes anterior contra la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide a los jueces hablar a la prensa sobre los casos en trámite.

“Esto nos lleva a que tengamos ciertos amarres, porque no tenemos derecho de respuesta cuando se nos acusa por ciertas decisiones, lo que provoca que la gente muchas veces tenga una mala percepción de la labor de los jueces”, manifestó.

“La justicia debe de dejar de ser ciega”, concluyó Jiménez.