Carlos Láscarez S.
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Contra siete reos que se fugaron de La Reforma y asesinaron a un oficial penitenciario el Tribunal Penal de San José dictó ayer, a cada uno, 45 años de cárcel por homicidio calificado, robo agravado, cuatro privaciones de libertad agravada y un delito de evasión agravada.

Se trata de Johel Araya Ramírez, Douglas Quirós Happer, Roberto Clark Torres, Rafael Herrera Castro, Víctor Urbina Molina, Celso Martínez Hernández y Johnny Rodríguez Moya.

A Araya y Martínez, respectivamente, se les impuso además, otros 20 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de dos agentes del SPII, a quienes dispararon durante el operativo de captura el 24 de octubre del 2006 en barrio La Clínica de Guácimo.

Ese día los agentes fueron impactados en el casco, escudo y un cargador que llevaban en el pecho.

La jueza Carolina Leitón Rodríguez explicó que las declaraciones de los oficiales fueron convincentes.

“Desde antes de la fuga, esta había sido planeada por cada uno de ustedes y con mucha antelación. Se vio que había un corte en una ventana que ustedes hicieron con seguetas”, dijo Leitón.

“Disparar era una forma de alertar y desde un inicio así lo hicieron. Contaban con celulares, seguetas, armas de fuego y punzocortantes con las que iban a salir del centro. Aquí es donde se les atribuyó a todos el delito de homicidio calificado”, agregó la jueza.

Leitón sentenció que la evasión no solo se hizo por medio de la fuerza (romper barrotes), sino también la agresión física contra los oficiales, a quienes además de privar de libertad, obligaron a ingresar a un vehículo para huir y luego dejarlos a cierta distancia.

En el momento de los hechos, al imputado Roberto Clark le faltaban ocho meses para dejar la prisión y a Araya dos años

A ambos se les prorrogó la prisión preventiva ocho meses más.

Sobre un imputado de apellido Campos, a quien se le acusaba de favorecimiento personal hacia los prófugos, el tribunal determinó que no se encontró prueba en su contra, ya que los hechos nunca fueron acusados.

Carlos Rodríguez Recia, defensor de Johel Araya, indicó que irá a la Sala Tercera, pues considera que hubo contradicciones.

El tribunal ordenó la devolución de las armas robadas al Estado, incluida una granada de fragmentación, el comiso de los celulares incautados y el dinero decomisado en Guácimo.