Julio Peña, corresponsal
Rodolfo Martín
rmartin@aldia.co.cr

Santa Cruz, Guanacaste. - Un hombre de apellido Piña fue absuelto por el Tribunal de Juicio local del homicidio de su tía Adela Piña Vallejos, el 19 de mayo del 2007, en playa Lagartillo.

“No se cuenta con la prueba suficiente que permita establecer que él fuera el responsable de los hechos”, expresó el propio fiscal de juicio, José Ángel Peña, en sus conclusiones finales.

Ella apareció apuñalada en un gran pozo de sangre, en el corredor de su pulpería.

“Nunca debí ser detenido, menos acusado. El sufrimiento de mi esposa y mis hijos ha sido grande por tantas mentiras”, expresó el sobrino ante el Tribunal y en una sala colmada de familiares.

Afirmó siempre haber estado anuente a colaborar con el Organismo de Investigación Judicial para aclarar el caso.

El móvil del hecho habría sido el robo, según la acusación.

El presidente del Tribunal, Gerardo Alfaro, puntualizó: “hay un hecho lamentable que merece todo el reproche, en caso que válidamente se establezca quién fue el autor”.

Añadió: “la prueba testimonial fue abundante, sin embargo, no contamos con ninguna prueba directa que involucre al imputado. La prueba traída a juicio fue débil”.

Los jueces, hicieron ver como la contaminación de la escena del crimen limitó el accionar de la policía judicial desde un inicio.

“La escena fue sin control, entraron, salieron, caminaron, se llevaron cobijas, almohadas, lo que atenta contra la investigación”, enumeró Alfaro.

Querellante

Henry Vega, abogado a cargo de la querella, recordó que en el caso en contra del defensor Luis Fernando Burgos, hubo una condenatoria por indicios, sin que existiera una prueba directa.

“Aquí hubo algo similar. Yo considero que los indicios son suficientes para condenar por homicidio”, dijo Vega.

Contrario al Ministerio Publico, Vega pidió al Tribunal –integrado además por Wilson Chon Kan y Cintia Dumanni– que se condenara a Piña a 18 años de cárcel “por el ensañamiento salvaje del hecho”.

Gaudi Mora, responsable de la acción civil, había solicitado ¢30 millones por daño moral.

Juan Carlos Arce, defensor de Piña, se plegó a la posición de la Fiscalía y dijo que durante el proceso hubo contradicciones, entre lo que decía la denuncia y los testigos de la parte acusadora.