Franklin Arroyo González
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La Sala Constitucional condenó a un banco privado al pago de costas, daños y perjuicios por haber revelado información privada de un cliente a la empresa donde laboraba.

Dichos datos dieron pie para que la persona afectada fuera despedida de esa compañía.

Eso lo llevó a poner un recurso de amparo.

Entre los datos que el banco no respetó de su cliente, estaba revelar a los patronos sobre una causa penal del amparado, el tipo de delito, el número de expediente, el estado y el órgano ante el cual se tramita la causa.

El recurrente, de apellido Solís, tramitaba con la entidad financiara una tarjeta de débito para que le depositara el salario.