Franklin Hernández, colaborador
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Un total de ¢4.108 millones, fueron cancelados a favor del Estado por parte de los cuatro imputados en el caso Caja-Fischell, por no reportar ingresos ni pagar impuestos.
Este monto fue calculado por el Ministerio de Hacienda, y contó con la anuencia de la Procuraduría General de la República.
Ellos habían solicitado a la Fiscalía de Delitos Económicos acogerse a una salida alterna al conflicto.
Ésta se concretó el miércoles 16 de febrero y consiste en la reparación integral del daño.
Los hechos que la fiscalía atribuyó a los involucrados tienen que ver con la defraudación fiscal por el no pago de los impuestos sobre utilidades y sobre las rentas percibidas por el trabajo personal en los períodos fiscales del 2003 y 2004.
El 19 de octubre del año anterior, el Ministerio Público solicitó la apertura del juicio contra las cuatro personas que figuraban como imputados. Ellos son Walter Reiche Fischell, expresidente ejecutivo de Corporación Fischel, Emilio Bruce Jiménez, presidente de esta misma empresa, así como Marvin Barrantes Vargas, exgerente y Olman Valverde Rojas, exgerente financiero.
El caso Caja-Fischel, el pasado 5 de octubre del 2009 llevó a la sentencia de siete imputados, donde estaban involucrados también el expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier y el expresidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas por delitos de peculado.
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