El abogado José Rafael Ortiz considera poco probable que se pueda resucitar el sistema de vigilancia con cámaras.
Aún cuando se reduzcan las multas, asegura que se violentan principios legales, ya que no hay certeza de quién conducía el vehículo.
La ley establece que se debe multar al conductor, pero los partes se consignan a nombre del propietario del vehículo y este debe hacer el trámite de transferencia.
Además, el jurista comentó que las notificaciones deben ser personales y no mediante La Gaceta y un periódico de circulación nacional.
La diputada Viviana Martín opinó que las cámaras representan un instrumento válido, pero que deben estar acompañadas por estudios sobre límites de velocidad, así como multas razonables y proporcionales. En el Congreso se tramita una reforma que establece sanciones graduales desde ¢47 mil hasta ¢280 mil.
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