Pese a la intención de 10 diputados de frenar la ley antifumado, se aprobó de forma definitiva ayer ante la ausencia de notificación, por parte de la Sala IV, sobre una consulta de constitucionalidad.
Cinco diputados del Movimiento Libertario (encabezados por Carlos Góngora), dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y otros tres de Liberación Nacional (PLN) interpusieron la consulta justo antes de la votación en segundo debate.
Los legisladores a favor de la ley se valieron de un criterio de oportunidad. Para cuando ingresó la notificación de la Sala Constitucional, cerca de las 4:30 p.m., la votación tenía 15 minutos de haberse efectuado, por lo que la consulta era improcedente.
En total, 45 de los diputados presentes en el plenario dieron su apoyo para prohibir el fumado en lugares públicos, así como la imposición de multas de hasta ¢180 mil a quien venda de cigarros sueltos o en cajetillas con menos de 20 unidades.
Además, esta ley permitirá el cobro de un impuesto de ¢20 por cada cigarrillo vendido para subsidiar la atención de cáncer de pulmón y para el fortalecimiento de programas de prevención del tabaquismo.
Solo dos legisladores votaron en contra: los libertarios Marielos Alfaro y Adonay Enríquez.
Los tabacaleros reclaman que la imposición de esta ley propiciará el contrabando. Para evitarlo, el Gobierno implementará el control mediante barras electrónicas en las cajetillas.
