Un total de 22.453 agentes de seguridad privada trabajan en forma ilegal en todo el país.
Se trata de hombres y mujeres, con armas de fuego en su poder, a quienes se les venció su autorización para prestar servicio y no acuden a Seguridad Privada, del Ministerio de Seguridad Pública, para poner sus cosas en regla.
Así lo revelaron ayer el titular de esa cartera, Mario Zamora, y el director de Seguridad Privada, Andrés Olsen, quienes reconocieron la existencia de limitaciones para “meter en cintura” a empresas y a vigilantes privados.
La situación de las compañías también es crítica.
Hasta ayer, operaban 801 empresas de seguridad privada sin contar con permiso y muchas, estiman las autoridades, adeudan mucho dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Nuevas reglas
Zamora reconoció que “históricamente” han fallado en el control del servicio de seguridad privada, lo que se ha prestado para irregularidades.
“Teníamos un control de escritorio, pero las cosas cambiarán ahora”, advirtió el Ministro al solicitar ayuda a la ciudadanía para detectar a empresas de seguridad que funcionan ilegalmente.
Oficiales de la Fuerza Pública realizan operativos sorpresa en diversas compañías para sorprender a guachimanes sin permiso. El sábado decomisaron armas a varios vigilantes de la sede del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en Puerto Limón.
Según Olsen, pese a contar con poco personal encabeza una batalla contra las irregularidades en seguridad privada. En lo que va del año han rechazado 7.140 expedientes de diversas compañías, por morosidad con la CCSS. “Hay empresas que reportan tener menos empleados para burlar a la Caja”, precisó.
Fue claro en que hay cientos de agentes privados cuyos permisos de portación de armas también están vencidos y no los renuevan. Muchos otros nunca los han tramitado como manda la Ley.
