Propaganda en televisión y en las calles

Presión a diputados por las leyes del TLC

Grupos privados mantienen ofensiva contra el PAC

Dos grupos de ciudadanos presionan a la Asamblea Legislativa para que apure la aprobación de las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Uno de ellos es “Por Costa Rica”, un grupo de capital privado, presidido por los exministros Alberto Trejos y José Rossi, que desde enero realiza una fuerte campaña publicitaria en los medios de comunicación y en las calles.

El otro es “Defensa del referéndum”, que reunió a diversas personalidades, entre ellos el científico Rodrigo Zeledón y Alejandro Cruz, exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Ambos grupos critican al líder opositor Ottón Solís y a los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) por entrabar las leyes del TLC en el Congreso, y les piden que “depongan el bloqueo”.

La estrategia publicitaria de las dos agrupaciones la maneja la agencia Eureka Comunicaciones.

Jorge Cornick, director ejecutivo de Eureka y vocero de “Por Costa Rica”, dijo que la campaña publicitaria de ese grupo tiene un presupuesto de ¢45 millones.

“Nos financiamos con las contribuciones que damos los que formamos parte del grupo. Queremos acompañar el proceso hasta donde podamos”, comentó.

La esposa de Cornick, Maris Stella Fernández, es parte de la iniciativa “Defensa del Referéndum” y explicó que ellos solo tienen un sitio en internet, mediante el cual reciben adhesiones de las personas que así lo desean.

El exrector del Tecnológico, Alejandro Cruz, dijo que la iniciativa cuenta con más de 1.700 adherentes, desde su lanzamiento oficial el pasado 24 de enero.

Ottón Solís no quiso referirse a estos grupos, pero expresó, “Somos nosotros (el PAC) los que estamos defendiendo el referéndum y la pureza de lo que se votó, a pesar de haber estados opuestos al TLC”.

Por otra parte, un grupo denominado “Costa Rica en acción”, opuesto al TLC, convocó hoy a sus seguidores a una manifestación frente al edificio del Tribunal Supremo de Elecciones, para denunciar “el fraude del 7 de octubre”.