Ronny Rojas
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Viviana Martín, viceministra de Transportes, defiende con vehemencia el proceso de adjudicación de las siete nuevas rutas de bus que ayer comenzarían a recorrer la periferia de San José.

La funcionaria criticó a los jueces del Tribunal Administrativo de Transportes, quienes suspendieron las rutas intersectoriales al considerar que el Consejo de Transporte Público (CTP) cometió varias irregularidades durante el proceso de licitación.

“Desconocen la ley y le están causando un grave daño al país. Señores, conozcan la ley y después objeten”, dijo Martín, refiriéndose a los tres jueces.

La pregunta es: ¿Se precipitó el MOPTcon la adjudicación?

Tenemos dos años de estar trabajando las intersectoriales. Los estudios se efectuaron en año y medio para hacer 14.500 encuestas en San José y obtener información necesaria sobre rutas, paradas, frecuencias, tarifas y horarios. No hubo precipitación.

El Tribunal dice que quedaron recursos de otras empresas interesadas sin resolver

Que nos lo demuestren; todas las apelaciones fueron resueltas. Y aunque hubiéramos aceptado los recursos (de las empresas excluidas) y les hubiéramos dado el puntaje que pedían, ni siquiera así habrían obtenido el primer lugar. La empresa que ganó la licitación (Consorcio Transporte Sectorial MPT S.A.) alcanzó 88 puntos, la que siguió 45 y la siguiente 11; o sea, fue contundente la calificación de la empresa ganadora.

Y ¿por qué dieron un permiso y no una concesión?

Técnicamente, las rutas deben empezar como permisos. Cuando se estrena un sistema de transporte se da un año de tiempo para ajustar la operación y esto no se puede hacer con una concesión, porque es inflexible. Además, con concesión, el país deberá esperar casi año y medio mientras la objetan y la detienen. La ley nos faculta para dar permisos.

Entonces, ¿qué opina del fallo del Tribunal?

Impresiona que el Tribunal, que no es del Poder Judicial, sino tres empleados del MOPT, nombrados de forma interina, están decidiendo el futuro de un país, urgido de un sistema eficiente de transporte. Se llevaron al suelo el proyecto sin criterios jurídicos o técnicos defendibles. Se apoyan en un recurso de una persona que renunció por escrito a él.

¿A qué atribuye ese fallo?

Al desconocimiento. El Tribunal dañó al país y a los transportistas, que trajeron 100 choferes del extranjero con sus familias y que deberían estar trabajando.

También hay denuncias sobre relaciones familiares entre la directiva del CTP y los ganadores de la licitación.

Se habla de los directivos Sara Corrales, representante de los usuarios, y Jorge Arturo Herrera, representante de los autobuseros, y lo digo con claridad: claro que son familia (de los empresarios del Consorcio MPT S.A.).

¿Y eso no es ilegal?

No es ilegal tener familia, lo que es ilegal es que estas dos personas hubieran participado en la junta directiva del tema de las intersectoriales.

¿Y lo hicieron?

Ni una sola vez, ni opinaron ni votaron sobre el tema. Consta en las actas que cuando hablamos del tema, yo exigí que los dos directores abandonaran la sesión. En todas las reuniones, el auditor del CTP fungió como fiscalizador.

¿Y los requisitos extra que pidieron cuatro días antes de la entrega de ofertas?

La Ley de Contratación Administrativa establece tres días hábiles, y nosotros dimos cuatro.

¿Y ahora qué van a hacer?

Presentaremos un recurso de aclaración. Este proyecto fue muy bien diseñado y, con nuestra argumentación, se puede defender. La ley nos concede el derecho de solicitar una medida cautelar, que permite suspender la resolución del Tribunal, por errónea.