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Largo camino
Las familias de los sobreirradiados con cobalto siguen luchando por el caso, a pesar de que sus familiares ya fallecieron. Ayer a las 3 p.m., se dictó una sentencia más en los Tribunales de San José.
Francisco RODRÍGUEZ, para/Al Día
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Condenan a la Caja Gilda GONZÁLEZ
gigonzalez@aldia.co.cr
El Tribunal Penal de San José condenó ayer a la Caja del Seguro Social (CCSS) al pago de daños y perjuicios, a favor de los familiares de 30 víctimas de la sobreirradiación que sufrieron en 1996 y los que a lo largo de estos años han fallecido.
La condena se dictó “en abstracto” para 20 de los casos. Esto significa que no se fijaron montos de daños, por lo que los familiares de los afectados deben ir ahora a reclamar a la vía contenciosa administrativa, en donde se les fijará el respectivo monto.
Los jueces no encontraron bases suficientes para hacer la valoración.
En otros 10 casos, los jueces sí fijaron sumas de pago por parte de la Caja, un total cercano a los ¢42 millones, e incluyen daño moral, costas procesales y personales.
Esto quiere decir que los parientes lograron demostrar que son representantes legítimos de las víctimas mortales por sobreirradiación y tienen el derecho de recibir el dinero, a nombre de sus familiares ya muertos.
Se trata de:
– Joselyn Gómez, (¢1 millón)
– Luis Rodrigo Hernández, (¢1 millón).
– Juan Molina Salazar (¢3,8 millones).
– María Cordero Zúñiga (¢3 millones).
– Alberto Solís (¢3 millones).
– Horacio Araya Vega (¢8 millones)
– Yamileth Tenorio, (¢20 millones.
– Josefa Umaña (¢1,3 millones)
– Eugenia Medina (¢3 millones).
– Blanca Ortiz Solano (¢1 millón).
En dos casos más, los jueces declararon sin lugar la acción civil resarcitoria, por no acreditarse que la sobreirradiación afectara su salud, según el reporte brindado durante el juicio por los médicos forenses. Posiciones encontradasWilliam Rodríguez, abogado de la Caja, dijo que la condenatoria en abstracto “nos da pie para presentar un recurso de casación (revisión del fallo) y un recurso de inconstitucionalidad. En este juicio no hubo bases para que el Tribunal condenara a la Caja”.
“Nosotros hemos reconocido siempre el daño y el error. En 1997 analizamos cada uno de los casos y pagamos a cada ofendido”, señaló.
Rodríguez recordó que en 1997 la Caja pagó ¢510 millones a los sobreirradiados.
Este proceso civil se realizó después de un proceso de conciliación entre enero y marzo anterior, donde la Caja logró conciliar con otras 24 familias a las que les canceló ¢110 millones.
El abogado Rándall Calvo, uno de los representantes de las familias de los afectados, dijo sentirse satisfecho de lo logrado hasta ahora.
“Habrá que esperar para llegar a la vía contenciosa administrativa para establecer el monto de los daños y perjuicios”, señaló.
El caso de sobreirradiación se remonta a 1996, cuando 115 enfermos de cáncer fueron afectados por una mala calibración de la máquina de cobalto Alcyon II, en el hospital San Juan de Dios. Hasta agosto del año pasado, apenas sobrevivían 18 de las víctimas.
En el aspecto penal, el técnico que manejó la máquina en ese hospital, Juan Cabezas Solera, fue condenado el 31 de julio del 2001 a 6 años de cárcel por 16 delitos de homicidio culposo.
También se le castigó con cinco años de inhabilitación para el ejercicio de actividades relacionadas con la radioterapia.
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