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Perspectivas
Hermetismo Mónica Gómez Robleto
Abierto, amable y dispuesto a responder sin reparos las consultas de la prensa. Así se mostró el destacado juez español Baltasar Garzón en una reciente visita al país, cuando ofreció una conferencia sobre el respeto de los derechos de quienes están bajo investigación judicial.
Garzón abandonó el podio del auditorio de la Plaza de la Justicia y se colocó a la misma altura de quienes esperábamos su opinión sobre las ramificaciones de grupos terroristas en España, los recientes atentados en ese país, o la violación de los derechos humanos en Guantánamo y en otras latitudes.
Para todas las consultas formuladas, Garzón tuvo respuestas precisas y explicaciones adicionales.
La apertura de Garzón, destacado jurista de la Audiencia Nacional de España, “hombre valiente y juez justo” –calificativos con que le describieron en su presentación–, llama la atención frente a la soberbia de algunos de nuestros funcionarios públicos, siempre reacios a ofrecer explicaciones de su gestión.
Y es que se les olvida que, por ser depositarios temporales del poder, no deben negar o demorar innecesariamente el suministro de información pública.
Esos pocos funcionarios se atribuyen la potestad de vetar a los periodistas que no son de su agrado, y, en su afán de “congelarlos”, hasta llaman a los medios de comunicación para malinformar sobre ellos.
Aunque no existen en el país secretos de Estado y los informes son públicos, hay quienes insisten en catalogar ciertas investigaciones como “confidenciales” o “privadas”, limitando con ello el derecho de los ciudadanos a conocer fallas, errores y malas actuaciones en entes públicos.
Gracias a un fallo reciente de la Sala Constitucional, los ciudadanos pudimos saber la identidad de los contribuyentes de la campaña política, pues las cuentas corrientes fueron consideradas “información de interés público”.
Y una interpretación de la Procuraduría General de la República, respecto a los morosos de la Caja Costarricense de Seguro Social, también permitió poner nombre y apellidos a los grandes deudores.
Mi esperanza es que, muy pronto, algún fallo o interpretación judicial nos abra las puertas de las investigaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras, a fin de saber qué hace y qué sanciones aplica esa entidad al identificar abusos, fallas o errores.
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