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Vistazo
La UNA frente al TLC José Luis Vega Carballo
El Consejo Universitario de la UNA ha emitido un importante pronunciamiento que la opinión pública no debe pasar por alto, bombardeada por una ola de propaganda a favor del TLC, que ha sido montada por los exnegociadores de Comex y un grupo de financistas privados.
Una campaña costosísima, que no hace razonar a la ciudadanía, al utilizar juegos de imágenes y frases efectistas que impiden un diálogo racional, como el deseado por la Iglesia Católica y las universidades públicas.
El Consejo llama a los medios y partes que están a favor y en contra del TLC, a informar y argumentar respetuosamente con solidez, honestidad y responsabilidad sobre su naturaleza y alcances, tomando en cuenta los más altos intereses del país, y no los de un sector minoritario.
Reconoce que, de aprobarse, habría ganadores y perdedores, y que persisten diferencias de pensamiento e intereses, pero que no deben conducir a enfrentamientos violentos, ni a descalificaciones que satanicen al adversario.
Pero lo más destacado es que el Consejo duda de si el TLC negociado por Comex es un tratado estrictamente comercial o tiende a modificar nuestras condiciones de vida, y si se enmarca en una agenda nacional de desarrollo integral.
También duda de si procura soluciones sostenibles a nuestros más graves problemas, si profundiza nuestro modelo democrático y solidario, y si fortalece las instituciones públicas estratégicas y se ajusta a los más altos valores e intereses de la mayor parte de la población costarricense.
Más aún, el Consejo pide al Gobierno que, antes de aprobar el TLC, determine "si este instrumento tiene el mismo rango legal en todos los países que lo firman; si no, podría dar pie a una inaceptable base de desigualdad jurídica".
De ese modo, da razón a la tesis de que, si bien Costa Rica firmaría un verdadero tratado internacional, según la Convención de Viena, Estados Unidos, al no reconocer esta Convención, sólo aprobaría una ley interna de buenas intenciones con rango menor al de un tratado. Al ser así, sus congresistas podrán legislar contra esa ley o saltársela en el futuro a conveniencia, sin preocuparse mucho por las demandas que se presenten en cortes fuera de su jurisdicción.
En Consejo concluye que, con la versión actual del TLC, "no hay garantías suficientes de los beneficios que el país obtendrá", pues "no contribuye a crear de manera conjunta un camino con futuro, en el que todos nos sintamos comprometidos e invitados a participar". Es decir, resulta ser socialmente excluyente y democráticamente deficitario.
Ojalá que otras instancias universitarias puedan también evaluar el posible impacto del TLC sobre la educación pública - y, particularmente, la educación superior-, pues sus defensores niegan que vaya a ser afectada. Ésta es una tesis de la que tenemos todo derecho a dudar, luego de lo planteado por el Consejo de la UNA y varios expertos.
En especial, preocupan los capítulos relativos a servicios, inversiones y propiedad intelectual, mediante los que el TLC reforzaría las tendencias privatizadoras de la enseñanza, telecomunicaciones, información, investigación y conocimiento, elementos vitales para el futuro desarrollo universitario y nacional.
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