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Banco las autorizó con base en Ley impugnada Fiscalía investiga pensiones en Nacional 40 funcionarios jubilados reciben ¢22 millones Mercedes AGÜERO ROJASmaguero@aldia.co.cr El Ministerio Público indaga si el Banco Nacional incurrió en algún delito al otorgarle pensiones a sus funcionarios con base en una Ley que está impugnada ante la Sala Constitucional. En un año, el banco aprobó jubilaciones a 40 trabajadores por ¢22 millones.
Los montos de las pensiones, cuyos beneficiarios no fueron revelados por el banco, van de los ¢77 mil a los ¢1,8 millones. En el Banco Nacional se informó que el hecho de que el Ministerio Público haya asignado un número de expediente a este caso, no significa que haya una causa abierta contra el Banco. Agregó que tampoco existe ninguna resolución de la Sala que le haya prohibido al Fondo de Garantías y Jubilaciones del Banco girar los montos por las pensiones en curso de pago, o aprobar nuevas jubilaciones. La oficina de prensa de la Corte detalló que la Fiscalía de Delitos Económicos y la de Fraudes valoran dos denuncias para determinar si existe delito por conceder las pensiones complementarias. Agregó que la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) realizo una investigación técnico-administrativa y absolvió al Banco de toda la responsabilidad. Aún está pendiente recibir un informe de la Contraloría General de la República. Los beneficios fueron concedidos con base en el artículo 50 de la Ley del Orgánica del Sistema Bancario Nacional y del inciso b) del Reglamento del Fondo de Garantías y Jubilaciones de esa entidad, que están impugnados ante la Sala Constitucional. De acuerdo con esa Ley, los bancos estatales deben destinar el 10 por ciento de los sueldos de sus empleados a un fondo de garantía y jubilaciones que beneficia a sus funcionarios. Mayoría con 1,5% Para el resto de trabajadores, el aporte patronal que financia las pensiones complementarias, creadas por la Ley de Protección al Trabajador, es de tan solo el 1,5 por ciento. "...el aporte de los bancos del Estado, para los regímenes especiales es casi siete veces mayor que el de cualquier otro patrono, público o privado, otorgando un privilegio que genera un incremento desmedido y excesivo en el gasto de los bancos públicos", manifestaron los legisladores del Movimiento Libertario en una acción de inconstitucionalidad que cuestiona esas disposiciones. Federico Malavassi, diputado libertario, que planteó una de las denuncias, aseguró que en algunas solicitudes de pensión el Banco las ha denegado alegando que la Ley está impugnada, pero en estos 40 casos sí las otorgó sin problema. "Por eso es que iniciamos las gestiones para que esto se investigue a fondo", dijo. Otra de las denuncias la presentó un afectado. La Sala IV acogió la acción abril del 2004.
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