Delitos contra el Estado

Gobierno de Arias no negociará con imputados

El Gobierno decidió mantener vigente la prohibición para negociar arreglos económicos con imputados por delitos en perjuicio del Estado, confirmó ayer la vicepresidenta y ministra de Justicia, Laura Chinchilla.

De esta manera, seguirá en pie el decreto ejecutivo 30599-J, emitido en julio del 2002 por el entonces presidente Abel Pacheco.

La Vicepresidenta ratificó que en la actualidad hay 49 expedientes en los que el Estado reclama ante los tribunales el daño social. Entre ellos, las causas ICE-Alcatel y Caja-Fischel, en las cuales figuran como imputados los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón.

Chinchilla aseguró que la decisión del Gobierno surge tras varios análisis técnicos del tema con la Procuraduría General.

Los motivos

Dijo que "pesó mucho" la reciente aprobación del Código Procesal Contencioso Administrativo, que, a partir del 1 de enero del 2008, deja en manos de los procuradores, y no del Poder Ejecutivo, la facultad de conciliar en cualquier proceso.

Chinchilla negó presiones políticas para que el Gobierno valorara derogar el decreto.

Añadió que, si el Ejecutivo derogaba la limitación para que el Estado alcance arreglos en causas penales, eso "iba a meter bulla innecesaria".

"Si lo hacíamos, esto iba a presionar a la Procuraduría en un proceso en el que queremos tomarnos el tiempo, y que, verdaderamente, los procuradores puedan definir los criterios generales que se utilizarían para valorar la procedencia y oportunidad de las distintas ofertas de conciliación", comentó Chinchilla.