Caen dos abogados y un funcionario en tres allanamientos

Denuncian fraude por ¢500 millones con pensiones

Un total de 61 personas, jubiladas de manera irregular, también serán procesadas

Una banda que durante los últimos tres años, presuntamente, facilitó documentación falsa a 61 trabajadores para que consiguieran su pensión de manera irregular, fue desarticulada por el OIJ.

Una investigación en conjunto con el Ministerio Público dejó al descubierto la posibilidad de que el Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional hubiera sido objeto de un gran fraude.

La investigación empezó a principios de año, bajo la coordinación de la Fiscalía de Fraudes.

Los beneficiados no solo obtuvieron una liquidación final que osciló –presuntamente– entre ¢4 millones y ¢5 millones, sino también, posteriormente, el pago mensual de la correspondiente pensión, según los informantes.

Al frente del grupo investigado aparecían dos abogados, de apellidos Santamaría y Cajina, y un exasesor del Directorio de la Junta de Pensiones, identificado con el apellido Salazar.

Los sospechosos fueron detenidos en sus casas. El primero, en Dos Cercas de Desamparados; el segundo, en El Carmen de Guadalupe; y el tercero, en Barva, Heredia, se precisó.

Los tres eran indagados ayer al final de la tarde en la Fiscalía de Fraudes por el delito de peculado, trascendió.

Las solicitudes de prisión preventiva eran elaboradas por la fiscal Adriana Sobrado, coordinadora de las pesquisas.

La investigación alcanza a un total de 61 solicitudes para pensión que, en términos generales, necesitaron de certificaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Contabilidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica.

La documentación, conforme la investigación, en algunos casos mostraba alteraciones relacionadas con datos cruciales como años de servicios y el correspondiente salario devengado, según la policía.

Incluso, han detectado variantes en un supuesto cambio de la institución para la cual el “beneficiado” prestó su servicio.

“Por ejemplo, el interesado, según la investigación, aseguró que antes de trabajar para determinada institución lo había hecho durante 10 años para otra. Luego, se comprobaría que eso había sido falso, pero le permitió ‘ganarse’ una década”, dijeron fuentes policiales.

Los abogados compartían un bufete cerca del Paseo Colón, y Salazar, desde dentro, supuestamente, ayudaba a tramitar las supuestas solicitudes fraudulentas.

“Él renunció a la institución en abril”, informó ayer Alfredo Hasbum, director ejecutivo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

La hipótesis policial es que, desde hace al menos tres años, persiste un vínculo entre el bufete y el funcionario público.

Esas labores en conjunto, precisaron los informantes, desembocaron en la defraudación de los recursos de la hacienda publica, especialmente, en el tramite irregular que deparaba la obtención de los beneficios jubilatorios sin contar con requisitos.

“Ese monto, de manera preliminar, podría superar los ¢500 millones en defraudación al Estado sin tener los requisitos”.

“Este es el resultado de una investigación previa desplegada por la Unidad Especializada de Fraudes. Esta es una nueva acción de la lucha contra la corrupción que despliega el Ministerio Público”, expresó Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto de la II Fiscalía de San José.

La investigación, agregó, partió de una hipótesis que vincula a particulares con un empleado público y se le da un golpe a un caso que atenta contra los fondos de pensiones.

Así lo veo Alfredo Hasbum Alfredo Hasbum, Junta de Pensiones. Somos respetuosos del accionar del Poder Judicial. Si hubo detenciones, fue porque la policía lo creyó necesario”. Francisco Dall’ Anese, Fiscal General. Esta es una investigación que apenas comienza y, por tanto, resulta aún muy prematuro dar declaraciones”.