En Costa Rica, este delito no es tipificado como crimen

Vulnerables ante terrorismo

Estados Unidos advierte sobre incapacidad del país para enfrentarlo

Costa Rica no mantiene un adecuado control sobre la amenaza del terrorismo y sus fuentes de financiamiento, y tampoco posee una legislación competente que les permita a las autoridades actuar con la rapidez necesaria para congelar las cuentas de dinero asociadas a este tipo de delitos.

Así lo advierte un reciente informe de la Oficina de Narcóticos Internacionales (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

A pesar de que el Gobierno costarricense ha ratificado varias convenciones contra el terrorismo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esos actos y su financiamiento no están tipificados en el país como delitos, y un proyecto de ley que pretende cambiar esta situación está atascado en la Asamblea Legislativa desde el 2004.

El informe de la INL advierte sobre la urgencia de que Costa Rica avance en este tema y sobre la necesidad de equipar adecuadamente a la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para combatir el delito financiero.

Sin embargo, la INL señala que durante el 2006 no fueron identificados en Costa Rica dineros o entidades asociadas al terrorismo.

“Costa Rica está en deuda con la comunidad internacional en el tema del financiamiento al terrorismo. Aquí, cualquier empresa lícita puede destinarse para financiarlo”, reconoció Mauricio Boraschi, director del ICD.

Actualmente, el proyecto de Ley de Combate al Terrorismo se encuentra en la Comisión de Narcotráfico, pero su discusión se ve lejana, debido a la atención que genera el Tratado de Libre Comercio (TLC) en el Congreso.

El diputado del PAC y miembro de esa comisión, Marvin Rojas, dijo: “El proyecto no parece conflictivo, por lo que es factible su aprobación, aunque debe ser analizado a profundidad”.

Una ley que urge aprobar El proyecto regula la extradición de terroristas. Archivo El proyecto de Ley de Combate al Terrorismo que se encuentra en la Asamblea Legislativa, declara el terrorismo como delito de lesa humanidad. Y, entre otras cosas, también faculta a la autoridad judicial correspondiente para que conozca de los delitos tipificados en la ley, sin importar dónde se hayan cometido, y faculta a los jueces para que transfieran el caso a otro país, cuando el grueso de la prueba, los testigos y los principales hechos hayan sido cometidos en otro país. El proyecto fue propuesto por el diputado Mario Calderón, del PUSC, en el 2004.