Bogotá / EFE. - La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia anunció ayer la apertura de una investigación preliminar contra la presidenta del Congreso, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, por sus presuntos nexos con grupos paramilitares.

La causa fue abierta por la Sala de Casación Penal del Alto Tribunal, que desde finales del 2006 ha procesado a 62 parlamentarios del país, la mitad de ellos detenidos, en todos los casos por mantener o haber mantenido relaciones con la ultraderecha armada.

“La investigación previa tiene como objetivo evaluar algunas informaciones o señalamientos que se han hecho sobre la posible relación de la senadora con grupos armados al margen de la ley”, explicó la CSJ en un escueto comunicado divulgado en Bogotá.

El Supremo informó de la decisión un día después de que la exparlamentaria Rocío Arias compareciera ante el alto Tribunal, del que ella es testigo en causas contra varios de sus antiguos colegas vinculados con el llamado escándalo de la “parapolítica”, de nexos con las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La excongresista, cercana a las AUC, aseguró el jueves que la presidenta del Congreso tuvo apoyos de los paramilitares para su elección como legisladora.

La acusación fue confirmada por “El Pájaro”, alias de Jonh Freddy Gallo, exjefe paramilitar en Cundinamarca, departamento del que Bogotá también es capital y en el que la senadora Gutiérrez realiza su actividad política.

El mismo jueves, la jerarca del Parlamento rechazó las imputaciones, que atribuyó a una campaña de desprestigio de su exesposo y de la senadora opositora Piedad Córdoba, con quien mantiene una polémica en el Legislativo.

La diputada Gutiérrez pertenece al partido Cambio Radical (CR), de la coalición que respaldó la continuidad de Uribe, reelegido en el 2006 para un segundo mandato de cuatro años.

La mayoría de parlamentarios vinculados con la “parapolítica” pertenecen a dicha coalición, mayoritaria en el Congreso.

El escándalo se desató en noviembre del 2006, al conocerse públicamente un acuerdo firmado en el 2001 por congresistas y funcionarios con mandos de las AUC, en el que asumieron el compromiso de “refundar la patria” y suscribir un “pacto social”.