Erick Carvajal M.
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1.500 empleados públicos no presentaron la declaración jurada de bienes muebles e inmuebles, informó ayer la Contraloría General de la República.

Según el órgano contralor, solo se recibieron 9.500, de 11.000.

Estos funcionarios se enfrentan ahora a una investigación de la Contraloría, que identificará a quienes incumplieron. Podrían recibir desde amonestaciones por escrito, la suspensión sin goce de salario y hasta ser despedidos sin responsabilidad patronal.

Los empleados tenían tiempo hasta el 22 de mayo pasado para entregar el documento.

Este es un requisito previsto en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, y deben cumplirlo los funcionarios que ocupan altos cargos en la administración pública o quienes custodian y administran fondos públicos.

Es un detalle de los bienes muebles, inmuebles, rentas, derechos y obligaciones que constituyan patrimonio.