Rodolfo Martín
Erick Carvajal M
rmartin@aldia.co.cr

La Fiscalía ratificó ayer la acusación de un plan delictivo contra el expresidente Rafael Ángel Calderón y siete personas más, que terminó en la causa por el caso CCSS-Fischel.

Se les achacan seis delitos: peculado, corrupción agravada, cohecho propio, penalidad de corruptor, destrucción de documentos y falsedad ideológica.

En una sala llena de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, pero semivacía de público, fue notoria la ausencia de figuras políticas. Entre los asistentes estaban la esposa del exmandatario, Gloria Bejarano, y sus dos hijas, así como los exdiputados Hernán Fournier y Carlos Castro, y el actual diputado Jorge Eduardo Sánchez.

“Tengo pensado asistir al juicio en la fecha en que dicten la absolutoria”, manifestó el presidente del PUSC, Luis Fishman, quien no llegó al primer día de debate.

Calderón fue el único de los acusados que habló con la prensa y afirmó que “no hay una sola prueba” que lo involucre con ningún delito.

Al preguntarle cuál fue su participación respondió: “Haber trabajado como abogado en una cosa muy concreta, que ya ustedes conocerán cuando llegue el momento procesal oportuno”.

En el primer día del debate, admitió ante los periodistas haber recibido dinero, pero en condición de “honorarios profesionales de una empresa privada, nueve años después de haber dejado el gobierno, algo que no es delito alguno”.

El debate está a cargo de Teresita Rodríguez, quien preside, Alejandro López y Víctor Dobles. En calidad de cuarto juez, por cualquier eventualidad, aparece Franz Paniagua.

Antes de leerse la acusación, el defensor de Calderón, Juan Marcos Rivero, quiso presentar una actividad procesal defectuosa relacionada con el supuesto extravío de 104 folios del expediente principal. No obstante, la presidenta del Tribunal aclaró que solo podía hacerlo al final de la lectura, lo cual consumió el día.

Según la acusación, Calderón y Walter Reiche, en ese momento presidente de la Corporación Fischel, habrían idearon un plan delictivo para obtener retribuciones económicas ilegales por la compra de $39,5 millones en equipos médicos para la Caja Costarricense del Seguro Social.

El Estado reclama $135.370.590 (¢70.496 millones) por daño económico y social, confirmó el procurador Ronald Víquez.

Con excepción de Calderón los otros acusados esquivaron la prensa y dejaron en mano de sus defensores las respuestas. Uno de ellos fue Eliseo Vargas, expresidente de la CCSS.

Los litigantes advierten que se avecina una debate muy difícil.

“Será un juicio muy movido, de mucha confrontación por la naturaleza de los hechos, la vehemencia con la cual se debatirá y las circunstancias que trascenderán”, dijo Rivero.

Carl Jensen, quien representa al acusado Marvin Barrantes, expresó: “Este es un asunto demasiado pequeño que lo hicieron grande”. A su juicio, son delitos sencillos que “debido al calibre de los acusados los magnificaron”.

Largo camino por recorrer

Henry Vega.

Henry Vega, Abogado.

Será un juicio de semanas, meses y más. Por primera vez, se toca el tema del daño social, algo muy interesante.

José Miguel Villalobos, Abogado.

Un juicio sonado por el nivel de los imputados, el tipo de cargos y por el deseo que tienen algunos poner a prueba la justicia”

Ronald Viquez, Procurador.

El juicio será de mucha fricción. Los acusados tienen defensores que afirman que no tuvieron ninguna participación”.

José Miguel Barquero, Abogado CCSS.

Es un juicio de carácter político-económico, indiscutiblemente muy complejo para todas las partes”.

Los pagos

El expediente judicial tiene 8.628 folios. Abelardo Fonseca.

Rafael A. Calderón

Según la Fiscalía, recibió $520.500 de comisión.

Walter Reiche Fischel. Presidente Corporación Fischel:

Según la Fiscalía, recibió $3.855.075.

Gerardo Bolaños, exmiembro de la Junta Directiva de la CCSS:

Según la Fiscalía, recibió $244 mil.

Juan Carlos Sánchez, exgerente de modernización de la CCSS:

Según la Fiscalía, recibió $260 mil.

Olman Valverde Rojas, exgerente financiero de Corporación Fischel:

Tramitó compra de la casa de Eliseo Vargas, en Santa Ana, y compra de certificados bancarios.

Marvin Barrantes, exgerente de O. Fischel R:

Habría distribuido dinero del consorcio finlandés Instrumentarium Medko Medical a políticos y funcionarios públicos.

Randall Vargas Pérez, exabogado de Corporación Fischel:

La Fiscalía lo acusa por un delito de destrucción de documento público y dos delitos de falsedad ideológica.

Eliseo Vargas, expresidente ejecutivo de la CCSS:

Según la Fiscalía recibió dinero de CI- Medko y la casa en Valle del Sol, Santa Ana.

Fuente: Con información publicada por Al Día el 20 de marzo del 2007.

La acusación

1.- Según la acusación del Ministerio Público, el expresidente Rafael Ángel Calderón, en el año 2000, ideó un plan delictivo con el coimputado Walter Reiche, presidente de la Corporación Fischel, con el fin de impulsar que el Gobierno de Finlandia otorgase un crédito mixto (capital pagado por Costa Rica e intereses por Finlandia) a nuestro país para comprar equipo médico para la Caja.

2.- El plan necesitaba de la participación de los acusados: Eliseo Vargas, Gerardo Bolaños, Juan Carlos Sánchez, todos funcionarios de la CCSS, y de Marvin Barrantes y Olman Valverde, exejecutivos de la Corporación Fischel.

3.- Según la Fiscalía, el plan se desarrolló en 3 etapas, donde cada uno de los imputados tuvo un rol previamente establecido para lograr la distracción o sustracción de fondos públicos.

4.- Primera etapa. Fue necesaria la aprobación de una ley que permitiera materializar el crédito, y según la Fiscalía, Calderón y Reiche idearon el plan para la aprobación expedita de la ley, la adjudicación de la licitación de compra al consorcio finlandés Instumentarium Corp. Medko y una posterior ampliación del contrato utilizando fondos públicos.

5.- Segunda etapa. Según el Ministerio Público, el segundo paso fue la promesa de la retribución ilícita realizada por Calderón, Reiche, Barrantes y Valverde para Eliseo Vargas, Gerardo Bolaños y Juan Carlos Sánchez, para que gestionaran y votaran la adjudicación a la empresa finlandesa. Vargas como presidente ejecutivo de la CCSS, Bolaños como miembro de la junta directiva y Sánchez, como gerente de modernización de la misma institución.

6.- Tercera etapa. Frente a una nueva promesa de retribución ilícita por parte de Calderón y Reiche, correspondió a Vargas, Bolaños y Sánchez gestar la ampliación de la licitación pública al consorcio finlandés, pese que el equipo era innecesario para la CCSS. La ampliación se hizo distrayendo fondos públicos de la Caja que debían administrar con transparencia.