Erick Carvajal M.
Esteban Rojas
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Luis Fishman, el más férreo defensor público de Calderón, no llegó ayer al debate. Lo hará el día en que se dicte la absolutoria de su amigo, dijo ayer tarde a consultas de este diario.

“Sí, tengo pensado asistir al juicio, en la fecha en que dicten la absolutoria”, dijo.

El presidente del PUSC, dijo que no asistió al juicio porque tiene otras cosas que hacer. Explicó que el proceso demuestra que cualquier ciudadano debe responder por sus actos, si la Fiscalía, considera que cometió un delito. “Eso habla bien de nuestra democracia”, afirmó.

Varios especialistas coinciden en indicar que el hecho de que un expresidente esté inmerso en un proceso penal es un momento muy importante para la democracia costarricense.

Fabián Volio, abogado constitucionalista, comentó que es algo muy positivo porque demuestra que en nuestro país nadie está por encima de la ley. También señaló que ha sido muy importante la actitud de los acusados porque han estado presente en todos los procesos. “Todos estamos sometidos a la ley”, indicó.

Francisco Molina, jefe de fracción del PAC, señaló que esto es un buen precedente para el país y que es una señal para los políticos, para recordar que aquí no hay ni debe haber impunidad. “Cuando se está ante posibles actos de irregularidad, se presenten ante los tribunales y que sean estos los que determinen la culpabilidad de los actos”, comentó.

Roxana Salazar, presidente de la organización Transparencia Costa Rica, manifestó que el juicio contra el expresidente Calderón es una oportunidad para reivindicar las instituciones nacionales y una de ellas de gran importancia como lo es el Poder Judicial. “Un juicio de tanta trascendencia nacional e internacionales esperamos que conlleve al fortalecimiento del sistema democrático costarricense”, explicó ayer Salazar.