Alfonso Quesada, corresponsal y Rodolfo Martín
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Coto Brus, Puntarenas.- El cacique guaymí Pedro Bejarano Palacios fue absuelto de abusos deshonestos, en contra de una hija de seis años, por un Tribunal de Juicio local.
El anciano cacique, jefe de un vasto y recóndito territorio indígena, fue absuelto por certeza, confirmó Laddy González Salazar, de la Oficina de Defensores Públicos de Coto Brus.
Bejarano fue absuelto por un tecnicismo señalado por la defensa que el Tribunal acogió.
Al parecer, hubo un error en la consignación de las fechas en que habrían ocurrido los hechos y las transcritas en la acusación, trascendió.
“Además, la prueba testimonial no coincidió en lo absoluto con los hechos denunciados”, explicó González.
A su criterio, el cacique, incluso, pudo ser objeto de una venganza por líos de tierras.
Un grupo de indígenas, que a lo largo de las tres audiencias que duró el juicio, estuvieron callados y esquivos, esbozaron sonrisas de alegría mientras hablaban entre ellos y regresaban a sus pueblos al finalizar el debate.
Hombres de rostros curtidos y mujeres de vestidos multicolor conformaban el grupo.
No se probó
Las dos primeras, de las tres audiencias previstas para el debate, tuvieron lugar en la propia reserva, concretamente en “La Casona”, en Limoncito de Coto Brus, a 35 kilómetros al noroeste del centro de San Vito.
Este es el primer juicio que el Poder Judicial realiza en la Reserva Guaymí.
Bejarano fue acusado de dos abusos sexuales. El primero, según la acusación, presuntamente, habría sido en presencia de la madre y el segundo bajo el cuidado de la abuela. Una tía que caminaba por el rancho habría visto los supuestos hechos por una rendija, y alertó a la abuela. Luego las dos denunciaron el hecho.
Sin embargo, la acusación no se probó en el juicio.
El Tribunal estuvo conformado por Eladio Sánchez Guerrero, Carla Vanessa Delgado Rivera y Cecilia Jiménez Vargas, quien fungió como presidenta.
La acción acusadora fue desplegada por el fiscal Ricardo Alvarado Calderón.
“Es gratificante saber que la administración de justicia costarricense llega hasta esta población tan vulnerable”, expresó la licenciada González.
“Fue un asunto muy interesante y asumido con la responsabilidad que caracteriza a la defensa Pública”, añadió.
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