Lima/EFE.- El escándalo de corrupción por la licitación irregular de lotes petroleros en Perú avanzó un paso más con la dimisión en bloque de todo el consejo de Ministros, que fue aceptada ayer por el presidente Alan García.

La renuncia del Gabinete fue anunciada por el primer ministro dimisionario Jorge Del Castillo en una sobria ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno y en la que estuvieron presentes todos los miembros del Ejecutivo.

A la espera de que García nombre un nuevo Gobierno, esta renuncia busca poner coto al escándalo de corrupción destapado el domingo pasado, que salpicó a importantes figuras del Ejecutivo, entre ellas Del Castillo y varios ministros.

La dimisión del Gobierno oficializa un hecho esperado por todos los medios y analistas políticos peruanos después de que ayer el Gabinete tratara de presentarse ante el Congreso y fuera rechazado por los legisladores.

Del Castillo y casi todos sus ministros acudieron al Congreso de forma voluntaria pero sin una invitación formal, para intentar desmarcarse del escándalo en el parlamento.

La dimisión del Gobierno es un punto de inflexión en la crisis del “Petrogate”, como ya es conocido este escándalo en el país andino. El escándalo comenzó cuando se divulgaron una serie de grabaciones sobre presuntas maniobras ilícitas para que la empresa noruega Discover Petroleum obtuviera los cinco lotes petroleros que le fueron adjudicados en septiembre pasado en consorcio con la petrolera estatal Petroperú.

En esas grabaciones, el exministro y militante del oficialista Partido Aprista, Rómulo León, y el directivo de la empresa pública que gestiona las licitaciones petroleras, Perupetro, Alberto Químper, hablaban sobre sus maniobras y el dinero que recibirían por lograr la adjudicación de ciertos lotes a la empresa europea.

Las grabaciones le costaron fulminantemente el puesto al ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia; al presidente de Petroperú, César Gutiérrez; así como a Químper, si bien posteriores audios -cuyo origen se desconoce- citaban los nombres del premier Jorge Del Castillo y del polémico ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, en los supuestos negocios irregulares para la construcción de hospitales con socios de León y Químper.