Roxana Zúñiga Quesada, periodista
ropazu@racsa.co.cr

El dinero público es para botarlo… El dinero público es para desperdiciarlo… El dinero público es para malgastarlo… El dinero público es para dilapidarlo… El dinero público es huérfano… El dinero público es para fiestas, restaurantes y champañas… El dinero público es arca abierta…

Esas y otras sentencias deben gobernar el Estado costarricense. Solo así se explica que a casi ninguna persona se le movió una hormona con la barbaridad de gasto hecho por la Caja del Seguro Social: $226 mil en un software incompleto, tardío y que nunca sirvió.

A los tres funcionarios que sacaron la chequera ajena y cancelaron ese engendro de servicio nada les pasó, y el 5 de julio del 2007 (hace casi dos años, pero hasta ahora se sabe), la junta directiva de la Caja los eximió de toda responsabilidad. Dos de ellos aún trabajan para la institución, y, para uno de ellos, “este es un caso cerrado”. Tonto sería si no lo dijera.

Si la empresa hubiera sido de ellos, ¿habrían pagado tan diligentemente? Si la Caja fuera propiedad de los directivos, ¿hubieran enterrado esos $226 mil sin un solo grito de dolor? Si la abogada, que dizque investigó el pago, fuera dueña de la cuenta de donde salieron esos billetes, ¿no habría detectado responsables? Preguntas sin respuesta.

El alud del tiempo sepultó ese “asuntillo” que a nadie desvela porque no es dinero de ellos. Ya los viera si esos ¢1.000 millones salieran de sus billeteras de cuero italiano.

Pero hay caras muy bien hechas de barro.