Costa Rica cuenta, desde el jueves pasado, con una ley para luchar contra el crimen organizado, como el narcotráfico y bandas delictivas.
El fiscal general, Francisco Dall’Anese, explicó que la ley, votada en segundo debate, crea una plataforma de información nacional hecha con datos de instituciones policiales.
En la plataforma se incluirá información sobre casos, antecedentes, imputados, pasaportes y tarjetas de crédito, entre otros.
La normativa exigirá a dueños de fortunas dudosas justificar sus ingresos. De lo contrario, pasarán a ser del Estado.
También se podrá levantar el secreto bancario en los casos que sea necesario.
Con la nueva ley, se crea un centro de intervención de las comunicaciones a cargo de jueces.
El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Alberto Salom, comentó que la ley da más herramientas para proteger a los ciudadanos de los delincuentes.
“La ley crea procedimientos especiales para investigar a los grupos de dos o más personas para cometer delitos”, agregó Jorge Méndez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
El socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez opinó que la ley tiene roces con la Constitución Política.
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