Rodolfo Martín
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Alajuela.- Un total de 14 denuncias recibió ayer la Fiscalía local por parte de personas afectadas con la caída del puente de hamaca sobre el río Grande de Tárcoles que sirve de límite entre Orotina y Turrubares, precisaron fuentes cercanas al caso.

La tragedia, ocurrida el jueves de la semana anterior, cobró la vida de Norma Jiménez Cerdas, de 57 años; William Gutiérrez Chaves, de 54; María Isabel Artavia Granados, de 56; Natalia Meléndez Quesada, de 30 y el salvadoreño Efraín Marino Santamaría, de 77 años.

Además, otros 33 pasajeros resultaron heridos.

Como imputado, por ahora, únicamente figura el chofer, conocido como Víctor Salas Vega, de 62 años y quien salió ileso en el accidente.

Él no ha querido dar declaraciones por recomendación de la empresa autobusera para la cual trabaja.

Primeras denuncias

Los denunciantes llegaron en una microbús provenientes de Turrubares, según lo confirmó el abogado Rafael Rodríguez, quien representa a 24 afectados.

“Los otros 10 harán sus manifestaciones la semana entrante porque unos permanecen hospitalizados o delicados en sus casas”, aclaró el litigante.

La atención de ellos –denunció Rodríguez–, no ha sido del todo buena.

Rosmary Campos, una paciente a quien le dieron de alta y, tras varios días de dolores en su casa, no solo fue hospitalizada de nuevo, sino operada de la cadera en el Instituto Nacional de Seguros.

Esto ocurrió gracias a que, su esposo, le contó la historia al presidente Óscar Arias cuando recorrió la zona.

Él la fue a ver a la casa y ordenó que una ambulancia la llevara al hospital”, agregó el licenciado Rodríguez.

Aunque este litigante representa a 24 afectados, el número total de ofendidos asciende a 50, según trascendió ayer,

La Fiscalía de Atenas inició las investigaciones de oficio y, entre otras diligencias, ha allanado las municipalidades de Turrubares y Orotina y, las oficinas de la exministra de Transportes Karla González y la del viceministro de Obras Públicas Pedro Castro.

Las pesquisas son coordinadas por la fiscal de Atenas Karen Aguilar, con el apoyo del OIJ de esa jurisdicción.

“Solo con esa investigación podrá determinarse quién o quiénes son las víctimas o él o los presuntos responsables”, manifestó Rodríguez.

Los investigadores, al parecer, se han topado con unos 5.000 documentos que atañen al tema del puente.

Además, se esperan los resultados de estudios técnicos.

El fiscal coordinador de Atenas, Javier Gutiérrez, fue enfático en aclarar que no puede emitir ninguna información por tratarse de un caso que apenas comienza a ser investigado.

“Únicamente puedo adelantar que se trata de una causa muy compleja; en especial, por la gran cantidad de ofendidos. Esta investigación requerirá de mucha planificación”, dijo.