Hugo Solano
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“Duré muchos meses sin montarme en bus por miedo”, afirma Martín Arias, peón que a duras penas sale adelante en El Barro de Turrubares. Su brazo derecho no puede elevarse más allá de la altura del hombro y trata de salir adelante pese a la incapacidad física y el golpe emocional que le dejó la tragedia.
Su testimonio e historia se repite al andar las polvorientas calles donde es común ver iguanas, en El Llano, El Barro, San Juan de la Mata y otras de Turrubares.
Ellos atribuyen el accidente a la negligencia del Estado, porque el viejo puente, construido en 1920, había dado muchas señas de desgaste y los alcaldes de Orotina y Turrubares, cantones que une ese paso, así se lo habían hecho ver al MOPT.
Aunque para ellos nada va a devolverles a sus seres queridos o la salud perdida a raíz del desastre, dos abogados llevan las causas de 52 personas que claman porque se les indemnice.
Hendrix Gutiérrez, abogado de 14 heridos, dijo que el avance es muy pobre y considera que hay desidia de los tribunales.
“Evidentemente, el caso lo quieren meter en el congelador”.
Acotó que hay gente que aún tiene citas para noviembre en el INS y otros necesitan pastillas para dormir por las secuelas psicológicas.
No descarta enviar una nota al fiscal general Francisco Dall’Anese para agilizar el caso.
Está desilusionado con el sistema, porque “simplemente renunció la ministra y así piensan evadir la responsabilidad”.
Rafael Rodríguez, abogado de las familias de las cinco víctimas y de 30 heridos, dice que el problema en este proceso se debe a que al principio la Fiscalía de Atenas se declaró incompetente, el caso se fue a Puriscal y luego retornó a Atenas.
Ya la mayoría de los dictámenes médicos están en la fiscalía y en mayo será la apertura de prueba a raíz de los allanamientos realizados en lugares como el Cosevi, el MOPT y las municipalidades.
Esa apertura será vital para formalizar las demandas hacia los representantes estatales.
Su labor no puede avanzar hasta que la fiscalía le ponga en conocimiento la prueba.
Las acusaciones, según dijo, se enrumbarían eventualmente contra la exministra Karla González, el viceministro Pedro Castro, el director de vialidad y el director del Cosevi. También la querella irá contra el chofer del bus, el representante de la empresa y contra el Estado.
Añadió que para él este no es un asunto de “caso complejo”, va por lesiones culposas, homicidio culposo y desastre culposo, pero los hechos por investigar son simples y la mayoría de la prueba ya está recabada.
No se ha indagado al chofer porque a partir de ese momento el término de prescripción para efecto de lesiones culposas empieza a correr y, por eso, se deja la indagatoria hasta el final.
Imborrable
Yorleni Rodríguez, Hija de víctima.
Mi mamá, Marta Artavia, era costurera e iba para un curso. Me hace falta. Ese puente nunca quisieron arreglarlo”.
Martín Arias Rojas, pasajero.
No sé nadar y al salir del bus el agua me arrastró 300 metros. El río me tiró a la orilla. Aún no puedo alzar un brazo”.
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