Esteban Rojas Sáurez
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El filo del machete empuñado por su esposo, golpeó con fuerza su brazo, su pecho y su cara. Eran las 7 p.m. del martes anterior, en la pequeña comunidad de Finca 3, ubicada en Palmar Sur de Osa, Puntarenas.

En una calle oscura, sin salida, la vida de Shirley Estrada, de 26 años, pendió de un hilo, mientras intentaba sortear los machetazos que lanzaba su compañero sentimental, un hombre de apellido Guerra.

Sus gritos de ayuda llegaron hasta la casa de Dinorah Espinoza, quien con temor trató de auxiliarla, al ver que el brazo de la muchacha estaba casi amputado.

El agresor, luego de atacar a la joven, se quitó la vida.

En el hospital de Pérez Zeledón se informó que la mujer se encuentra estable.

Shirley es una de las mujeres que han sido víctimas de agresión en lo que llevamos del año.

Según información de la Sección de Estadística del Poder Judicial, hasta el 30 de marzo cinco mujeres perdieron la vida a manos de sus compañeros. Otras siete murieron por su condición de género.

Alejandra Mora, directora de la Defensoría de la Mujer, reconoció que existen fallas para aplicar las medidas de protección a las mujeres. Explicó que cuando una mujer decide pedir medidas de protección, en muchas ocasiones no se le informa de las reacciones posibles por parte del agresor. Las cosas se pueden revertir en contra de ellas y el hombre puede tener más enojo.

“Las mujeres deben tener información de que hay albergues, a los que pueden ir y hablar con la policía para que los oficiales estén al tanto de la medida cautelar, y si hay valoraciones de riesgo que el Poder Judicial pueda hacer”, comentó.

Agregó que las oficinas del Inamu se deberían regionalizar para dar una mejor atención.

Jeanette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, explicó que las medidas de protección “no se convierten en un escudo”. Durante el 2008, se tramitaron 47 mil solicitudes de medidas de protección.

Arias dijo que las solicitudes de medidas van en aumento en los juzgados de violencia doméstica de todo el país.

Afirmó que la ley contempla unas 15 medidas de protección. “Si es fijar una pensión alimentaria, funciona, pero para lo que no está sirviendo, y que nunca se pretendió que fuera de esa manera, es para una violencia extrema. En el punto más alto del ciclo de la violencia, no podemos pretender que una orden de un juez, funcione como un escudo”.

Dijo que para que las medidas sean efectivas se tiene que realizar un trabajo conjunto con la Fuerza Pública y la comunidad. Yolanda Delgado, directora Técnica del Inamu, explicó que la violencia contra las mujeres se incrementa cuando los agresores están en la casa, como en las temporadas de vacaciones y Semana Santa.

Los ofensores físicos tienen poca tolerancia a la frustración, muy mal manejo del enojo y pretenden que sus solicitudes sean atendidas inmediatamente. Les molesta los gritos de los niños, factores que incrementan los niveles de tensión.

“Cuando se habla de femicidio es cuando una mujer es asesinada por su pareja en una unión legalmente establecida”, comentó Delgado. Añadió que la mayoría de los casos de agresión se da en mujeres en edades reproductivas, entre los 25 y los 45 años, y con hijos pequeños.

* Colaboraron: Mario Cordero y Alfonso Quesada.

Ana Lorena Herrera Ramírez, de 32 años, fue asesinada a puñaladas, el 15 de febrero pasado, en La Cruzada de Turrialba, por su compañero sentimental, un hombre de apellido Brenes.

Herrera dejó tres hijos de edades que van entre los 13 y los 18 años de edad.

La mujer había solicitado medidas cautelares de protección, pero el agresor las violó y en plena vía pública la apuñaló en el cuello y el abdomen.

La pareja, que era vecina de un pueblo a cinco kilómetros de Tucurrique, viajaba en el bus que presta el servicio entre este lugar y Turrialba.

Al llegar a la zona de La Cruzada, Herrera se bajó para tomar el autobús e ir a su trabajo en una planta procesadora de plátanos. Ella fue seguida por Brenes y, al parecer, ambos se enfrascaron en una discusión.

Ella quiso hacer una llamada telefónica, pero en ese instante el agresor la atacó y le causó la muerte.

Mientras dormía, Elsa Tellez Taleno, de 30 años de edad, fue herida de cuatro puñaladas en su casa, en Las Delicias de Aguas Zarcas de San Carlos, el pasado 22 de febrero.

Los niños de Tellez empezaron a gritar al ver al agresor, un hombre de apellido Alemán, compañero sentimental de la víctima, dentro de la vivienda. La bulla la despertó.

La mujer tenía heridas en el antebrazo, el brazo derecho, la palma de la mano izquierda y el pecho.

Datos de la Fuerza Pública confirmaron que el puñal del agresor se quebró y por esta razón no pudo matarla. El sospechoso tenía medidas cautelares y no podía acercarse a la vivienda de la víctima.

Tras una discusión con su esposa, un jornalero de la zona de Bijagua de La Legua de Aserrí, le propinó a Zoraida Sandí Piedra Campos, de 47 años de edad, un limazo en el cuello que le costó la vida.

La tragedia ocurrió a las 12:55 a.m. del pasado 30 de marzo.

El ataque se habría dado, presuntamente, frente a una hija de la pareja. Después del hecho, el sospechoso, de apellido Calderón, salió de la casa caminando hasta la de un vecino.

Aél le contó que había matado a su esposa. La pareja tenía 30 años de matrimonio, pero se encontraban separados desde tiempo atrás.

La muerte consternó a los vecinos de la comunidad, quienes dijeron que nunca había ocurrido algo similar en esta zona. El arma que le causó la muerte a Piedra fue decomisada por los oficiales de la Fuerza Pública de la localidad.

El día que cumpliría 34 años de edad, Alestina Calderón Ortega falleció estrangulada.

Una discusión con su pareja, un hombre de apellido Monge, a quien meses atrás le habían quitado las medidas cautelares, le provocó la muerte. La pareja tenía 17 años de convivir.

Durante este tiempo, la mujer fue víctima de agresiones físicas.

El hecho ocurrió el pasado 18 de abril, a las 8:35 p.m., en Bajos de Jorco del Palmichal. Luego del crimen, el hombre escapó del lugar, pero fue detenido a unos tres kilómetros.

La violación de las medidas cautelares, por parte de un hombre de apellido Fonseca, terminó con la muerte, a puñaladas, de Ana Yaherlin Marín Guillén, en Cartago.

Fonseca, horas antes del crimen, había recibido la orden del Juzgado de Familia de Cartago: durante seis meses tendría que mantenerse alejado de la mujer.

El hombre ingresó de manera violenta a la casa de los padres de Marín y rompió una de las ventanas.

Mató a su mujer sin importarle la presencia de sus tres hijos, de 6, 5 y 3 años. Fonseca luego intentó quitarse la vida, pero apenas se causó cortes menores en el tórax, el cuello y la cabeza.

El agresor recibió atención médica en el hospital Max Peralta de Cartago. La pareja se casó el 25 de enero del 2002, pero a lo largo de la relación hubo una serie de incidentes de violencia doméstica, según recordaron familiares de la joven.