Rodolfo Martín
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El haber denunciado a un defensor público por el presunto delito de divulgación de información confidencial, provocó ayer que decenas de colegas suyos protestaran frente a la Fiscalía General de La República.

El profesional, Alberto García, con 10 años de experiencia en la Defensa Pública de San José y adscrito a la Unidad de Penal Juvenil, objetó que a un hombre se le aplicara la ley de protección a testigos, en una causa donde su representado es el acusado.

Lo anterior por cuanto el nombre de esa persona no sólo figura en el expediente, sino que era conocido del sospechoso.

“La jueza de esa audiencia, Marianela Corrales”, agregó García, “no sólo me dio la razón, sino que la fiscal no apeló el fallo”. Luego, extraoficialmente, él supo que sería procesado, acto que se concretó ayer, varios meses después, con la indagatoria.

Marta Iris Muñoz, jefe de Defensores, calificó lo ocurrido como un acto “intimidatorio” y “persecutorio” al ejercicio profesional. Aclaró que esta es la segunda vez, en pocos meses, que la Fiscalía la emprende contra sus profesionales y recordó la reciente captura de una defensora en Siquirres por parte del OIJ.