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El juez Hugo Porter dio una breve explicación. Archivo.
Rodolfo Martín y Hugo Solano
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El sacerdote Manuel Serrano Calderón, sentenciado a siete años de cárcel tras ser hallado culpable de dos abusos sexuales en contra de una mujer, sería inocente de esos cargos porque, entre otros argumentos, enfrentaba problemas de disfunción eréctil.
Así lo aseveró ayer Rafael Medaglia, defensor del cura hondureño, quien fue administrador parroquial del templo católico de San Antonio de Escazú.
La ofendida, mientras tanto, trabajaba como empleada doméstica de la casa cural donde vivía el sacerdote.
“Soy respetuoso de los fallos de nuestro sistema judicial pero, esto no implica, estar cien por ciento de acuerdo con ellos”, aclaró.
Medaglia ante el Tribunal de Pavas, despacho que juzgó la causa, trató de justificar el porqué le dieron credibilidad a la ofendida y no al sacerdote y se tuvieron por probados los dos abusos sexuales. El primero, cuando el padre, al parecer, lanzó a la mujer contra la cama e intentó besarla y acariciarle los senos. En el segundo, habría ocurrido algo similar cuando ella limpiaba un baño y fue arrinconada contra una pared.
En el primer evento, supuestamente, habría sentido que el cura estaba erecto, dijo Medaglia.
Sin embargo, a su juicio eso no era posible porque Serrano tenía años de sufrir de disfunción eréctil, en razón de su edad –63 años– y por problemas de salud. Entre otros: es diabético, hipertenso, tiene problemas vasculares en las piernas, lípidos en la sangre y sufre de hipertiroidismo.
Así consta en un dictamen de aclaración y adición que le fue solicitado al Consejo Médico Legal y que llegó a conocimiento del Tribunal durante el debate. Ese mismo organismo y un médico forense antes, habían advertido que el padre sí podía ser eréctil.
El padre y la señora trabajaron juntos a lo largo de un año sin que se registraran problemas hasta que, entre febrero y marzo del 2008 ocurrieran los hechos.
Ayer el presbítero Mario Segura, vocero de la Iglesia, dijo que esperarán el resultado de la apelación para definir cómo será el pago de la acción civil por ¢6 millones que vincula a la Iglesia.
Antes de servir en Escazú, el cura estuvo en Hatillo.
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