Alexander Ramírez y Hugo Solano
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A poco más de un mes de haber asumido el Gobierno, la presidenta Laura Chinchilla le apuesta a combatir la delincuencia que azota al país.

Niega ausencia de rumbo y sostiene que su administración está concentrada en la búsqueda de recursos y en la definición del marco legal que le permitirá aterrizar sus promesas políticas.

Con respuestas largas y de pocos calificativos, Chinchilla reconoce que la fallida alza salarial de los diputados fue un momento tenso, aunque asegura que el tema nunca la distrajo de sus labores como Mandataria.

Este es un extracto de una entrevista que concedió a Al Día el jueves pasado en su despacho, en la Casa Presidencial, en Zapote.

Ya pasó el primer mes. ¿Hacia dónde vamos?

En ningún lugar del mundo los primeros 100 días suponen que todos los temas se resuelvan. Lo que uno tiene que ser capaz de realizar es sentar los fundamentos que van a garantizar que se alcancen las metas. En eso hemos estado.

¿A qué le apuesta al terminar estos 100 días?

Quiero darle garantías a Costa Rica de que los temas prioritarios con que nos comprometimos en campaña van a ejecutarse desde el punto de vista de su viabilidad financiera y su marco legal.

¿Tendremos un país más seguro?

Hay un modelo de intervención y antes de los 100 días se procederá a intervenir una de las comunidades de mayor riesgo.

¿Eso es suficiente?

Se están tomando previsiones en combate al narcotráfico para iniciar intervenciones en zonas de especial riesgo como el sur y Limón. Otro tema es el combate al crack en el interior del país. Confío que antes de que termine el año podamos fortalecer los mecanismos para detectar electrónicamente el transporte de droga por carretera y esperamos avanzar con el centro de intervenciones judiciales en materia de telecomunicaciones para fortalecer el combate al crimen organizado.

Su Ministro de Seguridad le ordenó a la Policía salir a las calles y no le hicieron caso. ¿Una salida en falso?

Lo que tuvo de valioso el primer ejercicio es que puso en evidencia lo complejo de la situación. A partir de esa convocatoria, él tuvo una idea más clara de dónde estaban las mayores debilidades. Identificó enormes faltantes de recursos y carencias de planificación.

Dice el diputado Guillermo Zúñiga que al Gobierno ya le cogió tarde para hablar de impuestos.

Al Gobierno no le ha cogido tarde para nada. Hemos venido trabajando con los equipos y en pocos días llegan representantes del BID a identificar el nivel de recaudación que pueden suponer una serie de proyectos que están en la Asamblea. Una vez que tengamos cuánto nos cuesta implementar una agenda de desarrollo y cuánto recaudan los proyectos que están en la Asamblea, le diremos al país cuál va a ser nuestra propuesta de reforma tributaria.

¿Descarta elevar el impuesto de ventas?

No descartamos ninguna reforma tributaria, pero queremos ser muy claros en que estamos atravesando un momento delicado de nuestra economía nacional e internacional. Hay que guardar un balance entre la necesidad de allegar recursos al fisco, pero sin desestimular el ciclo de recuperación económica.

La apertura de telecomunicaciones no ha sido lo rápida que se esperaba.

Coincido con eso, pero ya ha habido reuniones con los actores del sistema para caminar en esa dirección.

¿A qué plazo habrá otros operadores?

No me atrevo a dar un plazo.

Piedra en el zapato

¿Un inicio desafortunado?

Todos los arranques requieren ajustes. Se han dado eventos que no fueron originados ni promovidos por el Gobierno. Les hemos hecho frente, pero ninguno ha detenido el paso con el que hemos venido trabajando.

¿Cuáles eventos?

Los que ha informado la prensa. Uno entiende que desde el punto de vista de opinión pública, hay temas que concitan más el interés que otros. Pero el trabajo que hace el Gobierno busca organizar el proceso de toma de decisiones, definir la matriz de acciones del plan estratégico e identificar los recursos con los que vamos a gobernar.

¿Midió las consecuencias en términos de opinión pública de la fallida alza salarial de los diputados?

Es una situación que fue resuelta. Algunos podrán discutir si el Poder Ejecutivo debió resolverlo antes, pero sucedió cuando correspondía y sobre fundamentos que ya habíamos anunciado ante la opinión pública, como de contenido presupuestario, responsabilidad fiscal. Al analizarlo, vimos que suponía beneficios directos para la Presidencia.

¿Temió que afectara su imagen?

No resuelvo ningún tema en función de mi imagen. Como Presidenta, resuelvo en términos de conveniencia nacional y que las decisiones sean jurídicamente correctas y legítimas.

Viviana Martín dijo en una entrevista a La Nación que una de las valoraciones fue que no afectara su imagen.

Agradezco muchísimo a la gente que se preocupa de mi imagen, pero ese no es el tema esencial.

Resentidos, herencias...

¿Quedaron asperezas con la Asamblea Legislativa?

La decisión del Gobierno desconcertó un tanto a algunos diputados. Con posterioridad a eso, las aguas vuelven a su cauce. Se ha conseguido que la Asamblea vote el proyecto de marinas que era parte del acuerdo entre el PLN y el Movimiento Libertario. Se consiguió pasar al primer lugar de la agenda el proyecto de préstamo de $800 millones en infraestructura y se escogió al Regulador.

¿Hay un pulso entre los diputados del PLN y usted?

Pulso no. Los equipos, los gobiernos, el sistema político y especialmente la democracia, son sistemas vivos. Lo que hay son discusiones, más que tensiones.

¿Resentimientos?

No. Hubo unas horas y unos días de desconcierto, pero luego se retomó la agenda.

Heredó una autopista nueva a Caldera que se ha convertido en un dolor de cabeza.

Es uno de los problemas al que se debe hacer frente y no vamos a evadir nuestra responsabilidad, con independencia de cuándo se inició este tema.

¿La mesa no estaba del todo servida?

No voy a volver sobre esa discusión. Lo importante es que los presidentes no venimos a gobernar en lechos de rosas.