Erick Carvajal M.
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El Tribunal Penal de Hacienda confirmó ayer, en el juicio que se sigue contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y ocho personas más, la legalidad de la prueba bancaria obtenida en Costa Rica, rechazó los documentos financieros traídos de Panamá y negó la solicitud de sobreseimiento a favor de los imputados.

La defensa atacó la prueba bancaria obtenida en Costa Rica señalando dos cosas: que habían transcurrido varios meses entre la solicitud del Ministerio Público y la entrega de las entidades bancarias y que eso no era legal.

También cuestionó que se habían violado los derechos fundamentales de sus defendidos al obtener la prueba sin orden de un juez.

El Tribunal estimó que no existe una norma que determine un lapso de tiempo entre solicitud y entrega. Además, por la naturaleza de la prueba, los bancos requerían tiempo para buscar los datos solicitados.

También señalaron que fue obtenida legalmente, ya que siempre hubo una orden de un juez, la cual garantizó los derechos fundamentales de los imputados.

Sobreseimiento

El Tribunal resolvió que el sobreseimiento solicitado por los defensores no procedía en ninguno de los casos, ya que el proceso se había declarado de tramitación compleja, un año antes de que vencieran todos los plazos.

En el caso de la prescripción de los delitos atribuídos al expresidente Rodríguez y al imputado Rodrigo Méndez, exsubjefe de Icetel, el tribunal resolverá hasta que se dicte sentencia.

Esto porque, en cuanto a Rodríguez, aunque el presunto delito de enriquecimiento ilícito había prescrito, el juez de la etapa intermedia, Ricardo Madrigal, indicó que se podía estar en presencia de un delito de concusión y además, no había claridad en la calificación legal de los hechos que se le atribuyen al Expresidente y ese también es el caso del Subjefe de Icetel.

Prueba ilegal

En cuanto a la prueba bancaria obtenida en Panamá, los jueces reiteraron su ilegalidad, aduciendo que no fue solicitada por un juez costarricense y que se violaron los derechos fundamentales de los imputados.

Dicha prueba ya había sido declarada ilegal por el juez de la etapa intermedia, Ricardo Madrigal, el 7 de octubre del 2008.

Sin embargo, fue el Ministerio Público quien pidió que se admitiera y se declarara una actividad procesal defectuosa en contra de la resolución de Madrigal.

Cris González, fiscal del Ministerio Público, dijo ayer que respetan la resolución del Tribunal, pero no están de acuerdo. “Es prueba importante en relación con Miguel Ángel Rodríguez y Alfonso Guardia”, dijo González.

El expresidente Rodríguez, comentó: “Los jueces de la República tuvieron la autoridad para decirle a la Procuraduría y al Ministerio Público respétennos; cuando se trate de pedir permiso para intervenir en el derecho a la intimidad de las personas se requiere un juez que lo resuelva”, comentó.

Rafael Gairaud, defensor del exmandatario, dijo que no compartían la decisión del Tribunal en cuanto a confirmar la legalidad de la prueba bancaria local y tampoco al rechazo del sobreseimiento solicitado a favor del expresidente Rodríguez.