Ante la gravísima agresión al territorio y a la soberanía del país perpetrada por el ejército de Nicaragua en isla Calero, jurisdicción de Costa Rica en Barra del Colorado, Limón, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución histórica que ordena de inmediato el cese de este acto de hostilidad mayúscula entre países vecinos y flagrante atentado contra el derecho internacional. Nicaragua debe retirar sus tropas invasoras cuanto antes del territorio fronterizo de nuestro país y dar paso al diálogo y a la paz.
El espaldarazo diplomático dado al país por el máximo foro hemisférico, con 22 votos de respaldo, tras la enérgica pero fundamentada exposición y defensa de nuestra soberanía hecha por el embajador Enrique Castillo, es la respuesta de la razón y de la fe del hemisferio en el derecho internacional y en la convivencia racional entre naciones.
Solo votó en contra el representante de Hugo Chávez quien, junto al nicaragüense, torpedearon, hasta el último minuto, el apoyo a una resolución que solo abre la tarea de trabajo diplomático pero deja claro que nada puede darse mientras esté latente este estado de anormalidad, de incursión e invasión territorial que sufre Costa Rica.
Costa Rica ha denunciado con énfasis que aquí no está de por medio una discusión de límites y trazados fronterizos, plenamente conocidos y ratificados por los Tratados Cañas-Jerez, Laudo Cleveland, y la más reciente resolución de la Corte Internacional de La Haya que dejó de manera absoluta y transparente definidos cuales son los derechos para ambas naciones en el cauce del río San Juan.
Lo que hay es un estado de invasión contra una nación desarmada, que abolió su ejército hace 60 años y que ha hecho de la paz, de la convivencia y del respeto a los derechos democráticos y humanos su razón de existir.
La comunidad internacional no es ajena a este gesto de matonismo del régimen de Daniel Ortega, enfrascado en su afán de perpetuarse en el poder, destruyendo todo el andamiaje democrático, fiel al libreto de Caracas.
Por eso es importante y trascendente la resolución de la OEA. Ese voto mayoritorio de 22 naciones le envía un contundente mensaje al comandante Daniel Ortega y a sus generales para que cesen este acto de gravísima hostilidad que, como bien lo advierte el expresidente Óscar Arias, amenaza la seguridad regional.
La presidenta Laura Chinchilla hace bien en enfatizar que el país agotará todos los mecanismos legales internacionales y en eso puede estar segura del respaldo de la opinión pública ante la más grave afrenta al territorio y a la soberanía, sufrida en tiempos recientes, y ejecutada por Ortega y los máximos jefes del ejército de Nicaragua, encabezados por Julio César Avilés, quien dirige las “operaciones” con cientos de soldados, aviones, helicópteros y armamento, como si se tratase de un teatro de guerra en Iraq o Afganistán.
Pero junto a la firmeza que debe observar el país hasta que se retire el último soldado invasor, debe imperar en nuestra sociedad la mayor cordura y sensatez. Nada justifica ninguna acción imprudente contra la sede diplomática o emisarios del vecino en nuestro país como ocurrió con el lanzamiento de material explosivo.
Tampoco y en esto debemos hacer campaña nacional debemos fomentar ningún tipo de animadversión contra los cientos y miles de ciudadanos nicaragüenses que escaparon de la miseria y postración en que los ha tenido Ortega y su desgobierno, y que hoy conviven en nuestra sociedad. Ellos no tienen la culpa de las actitudes insensatas e irresponsables de gobernantes transitorios, que como Ortega y su grupo de generales, son capaces de desatar una conflagración regional sin ningún escrúpulo. Eso jamás se los perdonará la historia.
A Costa Rica, en cambio, le asiste la razón y el derecho y la solidaridad de la comunidad internacional, como sucedió en la OEA.
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