La Paz/ AP.- El Tribunal Supremo de Bolivia condenó ayer a 10 y 15 años de cárcel a cinco exjefes militares, y a tres años de presidio a dos exministros, por la muerte de 64 manifestantes en una revuelta popular que obligó a dimitir al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.
Familiares de las víctimas irrumpieron en llanto mientras los sentenciados escucharon de pie y en silencio el veredicto de los jueces en una sesión pública y breve. Por casi 60 días los familiares se instalaron frente al tribunal para presionar por una sentencia en la sureña ciudad de Sucre, sede el Poder Judicial.
La excúpula militar fue sentenciada por genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio y lesiones gravísimas.
Se trata de los generales Roberto Claros, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas condenado a 15 años de cárcel; Gonzalo Rocabado, exjefe del Estado Mayor recibió una pena 10 años; Juan Véliz, exjefe del Ejército pasará 15 años; Osvaldo Quiroga, excomandante de la Fuerza Aérea fue sentenciado a 11 años y el Almirante Luis Alberto Aranda, ex jefe de la Armada 11 años.
También fueron condenados los exministros Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible y Adalberto Kuajara, de Trabajo, a tres años de cárcel cada uno.
Fiscalía pidió 25 años de cárcel, máxima pena en Bolivia.