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HUELGA DE HAMBRE
Miembros del opositor e ilegal Partido Pro-Derechos Humanos de Cuba, mantenían ayer una vigilia en torno a una candela, como una esperanza de libertad. Los opositores mantuvieron ayer, en una casa en La Habana, una huelga de hambre de 12 horas, en apoyo a la resolución contra el régimen cubano aprobada en Ginebra.
AFP/Al Día
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Condenan a Cuba
La Habana/AFP. La disidencia interna cubana recibió ayer con alegría y mesura la resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, que instó al gobierno de Fidel Castro a recibir en Cuba a una relatora del organismo y criticó el masivo encarcelamiento de opositores en el 2003.
En la primera reacción del gobierno de Cuba tras la votación, el canciller Felipe Pérez Roque advirtió que su país “no va a cooperar con esa resolución” de la ONU, a la que calificó de “lamento y lloriqueo” y como “victoria pírrica para Estados Unidos”, por el estrecho margen de un voto que logró para su aprobación.
Por su parte, Gisela Delgado, presidenta del proyecto opositor de Bibliotecas Independientes y esposa del activista Héctor Palacios, sentenciado a 25 años de cárcel, declaró que “para nosotros es, desde el punto de vista moral, una gran alegría que hayan sancionado al gobierno totalitario de Cuba”.
“De todas maneras, creemos que el texto de la resolución es muy moderado y debería haber sido más contundente, contemplando una condena”, señaló.
La Comisión de la ONU aprobó por 22 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, un llamamiento a Cuba para que se permita la visita a la isla de una enviada especial del organismo y criticó una ola represiva contra la disidencia lanzada en marzo del 2003. Costa Rica, México, Honduras, Chile, Perú, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y otros países votaron a favor; Brasil, Paraguay y Argentina se abstuvieron.
El abogado René Gómez Manzano, de la Asamblea Para la Promoción de la Sociedad Civil, que opera en la ilegalidad en Cuba, dijo que la resolución es “un paso en la dirección correcta”.
Gómez coincidió con Delgado al destacar que la medida “debería sancionar al gobierno de Cuba, ser más explícita y dar resultados prácticos”. El texto exhorta a las autoridades cubanas a “cooperar” con los mecanismos de la ONU, para mejorar la situación en la isla, y solicita que no se tomen “medidas que pudieran amenazar los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a un debido proceso de sus ciudadanos”.
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