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Los vecinos de Piedades Sur, por medio de asociaciones de desarrollo comunal, afirmaron que el resultado del plebiscito contra las granjas avícolas debe ser respetado por el gobierno local.
Carlos SALAZAR/Al Día
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Regidores en la picota Carlos SALAZAR, corresponsal
San Ramón.- La decisión municipal de considerar que el resultado de un plebiscito no es vinculante para otorgar permisos de ampliación de granjas avícolas en San Ramón, ha generado conflictos que amenazan con acusar a los regidores por prevaricato ante los tribunales.
Así lo afirmó una nota enviada al Concejo local, con copia al Ministerio Público, por la Asociación de Desarrollo de Quebradillas, distrito de Piedades Sur, donde en febrero del 2003 los vecinos se pronunciaron en un plebiscito contra la ampliación y construcción de granjas avícolas.
Una decisión similar fue tomada por los vecinos del Distrito de Ángeles, en febrero anterior, porque consideraron que las granjas avícolas y porcinas perjudican el ambiente.
Jorge Castillo, presidente de la Asociación de Quebradillas, presentó recursos de revocatoria, apelación en subsidio e incidente de suspensión de acto administrativo, por la decisión del Gobierno local de aprobar un permiso para ampliar una granja avícola.
Un recurso de amparo, presentado ante la Sala IV por el presidente de la Asociación de Desarrollo de Piedades Sur, Juan Cubero, afirmó que les violan derechos ciudadanos, al no acatar el Gobierno local el resultado del plebiscito, ni pedirles opinión sobre el permiso para ampliar la granja.
Para tomar el acuerdo, el presidente municipal, Mario Ramírez, dijo que “en consultas que se hicieron a la Asesoría Legal de este Municipio, Procuraduría General de la República, Ministerio de Salud e Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), fueron claros en que debía otorgarse el respectivo permiso”. DebateDe acuerdo con el Departamento Legal de la Municipalidad, prevalecen la Constitución Política, las leyes y reglamentos porque un plebiscito “no es fuente de Derecho”, hasta tanto sea aprobado como ley por la Asamblea Legislativa.
“Al existir un plebiscito debidamente aprobado por el Concejo, sería imposible otorgar permisos como el cuestionado, asunto que incluso relaciona las conductas con el delito de prevaricato, pues el fundamento para otorgar la autorización es ilegal y falso”, precisó Castillo.
Por su parte, el abogado de la Asociación, Álvaro Sagot, dijo que “a nuestro criterio, si esos pronunciamientos expresos y claros no existen, se ha incurrido en un prevaricato y todo el Concejo debe responder civil, penalmente y con sus credenciales”.
Los vecinos señalaron que el Municipio adoptó la Agenda 21, como un plan de políticas ambientales, por lo que pidieron que “se nos exponga dónde encaja y cómo materializarán el principio de participación ciudadana, que es básico en la toma de decisiones”.
Además, reclamaron que “existe un desface tremendo entre lo que dicen y aprueban, porque la Agenda 21 dispone asegurar el acceso del público a la información pertinente, facilitando la recepción de opiniones del público y permitiendo su participación efectiva”.
“Por todo lo expuesto reiteramos nuestra solicitud para que se revoque el acuerdo cuestionado, dado que el cuento de que los plebiscitos no son parte del ordenamiento jurídico o que no son validos y eficaces, o que deben aprobarse en la Asamblea Legislativa, son criterios descabellados e ilegales”, sostienen.
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