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DIVIDIDOS
En pleno parque de San Isidro de El General la existencia del coyotaje a Estados Unidos es tema conocido. Hay quienes lo defienden para enfrentar la difícil situación de la zona. Hay quienes lo critican y no dudan en señalar que hay redes que lucran con el trasiego de personas.
Allen CAMPOS/Al Día
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Coyotaje extendido en el Sur
Fiscal: EE. UU. debe valorar si hay delito Pablo GUERÉN CATEPILLÁN
Mercedes AGÜERO ROJAS
maguero@aldia.co.cr
El Fiscal adjunto para la Zona Sur, Édgar Ramírez, confirmó que en Pérez Zeledón operan entre 15 y 20 coyotes, y que solo en los últimos cinco años se han recibido entre 50 y 60 denuncias de personas que, de una u otra manera, han sido afectadas por esa actividad.
El Fiscal General, Francisco Dall'Anese, manifestó ayer que serán las autoridades de Estados Unidos las que determinen si hay conspiración en el hecho de que en Costa Rica existan organizaciones destinadas a trasladar, ilegalmente, a suelo norteamericano a personas mayores de edad.
Por otra parte, la totalidad de las bancadas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, condenaron las palabras de Wílliam Zúñiga, quien reconoció a Al Día que se dedica hace 14 años al trasiego de emigrantes indocumentados hacia Estados Unidos desde Pérez Zeledón, y que en ese lapso ha llevado a más de 1.000 costarricenses.
Zúñiga además confirmó que entre 1998 y 2001 contactó al bufete del abogado y hoy Contralor General, Álex Solís, con una serie de personas que necesitaban dinero para viajar e ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Incluso, el jefe de fracción del PLN, Luis Ramírez, afirmó que la totalidad de los diputados de esa bancada y varios miembros del partido, al cual pertenece Solís, tiene “totalmente suspendidos los contactos” con el Contralor.
Diputados del PUSC, Bloque Patriótico Parlamentario, PAC, Movimiento Libertario y PLN señalaron que Zúñiga debe ser citado a comparecer en la comisión legislativa que desde hoy indagará los cuestionamientos hechos sobre Solís.
Solís fue electo contralor el pasado 7 de junio. De inmediato el diputado Humberto Arce, del Bloque Patriótico, lo cuestionó por supuestas anomalías con una firma de su hermano, Ottón, presidente del PAC, y por el tema de los préstamos a emigrantes ilegales.
Solís ha dicho que no ha “hecho absolutamente nada mal”.
El ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, recordó ayer que bajo la legislación vigente en Costa Rica el coyotaje o trasiego de personas no es delito, pero reconoció que sí podrían existir eventuales delitos relacionados con esa actividad.
Añadió que en ese caso será a la Fiscalía a la que le corresponde indagar, y el Gobierno “prestaría toda su colaboración”. Informe Todas las fracciones también reaccionaron ante el informe del Área Técnica de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo, que revela: “La presencia de y operación de una red de agentes promotores de la migración, llamados popularmente coyotes (…) que ha encontrado un importante nicho para sus operaciones en las personas con necesidades económicas y que buscan el mejoramiento de su situación familiar, convencidos de que el 'american dream', el sueño americano, es su salvación”.
El informe, “Análisis de la Migración con Fines de Empleo de Pérez Zeledón Hacia los Estados Unidos”, señala que coyotes, informantes, prestamistas y abogados se unen en San Isidro de El General para conformar una organizada red que lucra con la necesidad y el sueño de muchos generaleños. (Ver mapa).
De acuerdo con el informe, la operación de los coyotes se inicia con un “informador” local. Esta persona indaga quién en la comunidad está sin trabajo o tiene apremios económicos por deudas.
Una vez localizada esta persona el “informador” lo contacta y le ofrece el paquete migratorio.
Si el cliente está interesado, se programa una reunión, a la que llega el coyote y un prestamista, el que cubrirá el costo financiero del viaje a cambio de una hipoteca firmada a su nombre y con ejecución de seis meses a un año.
Luego, si el cliente acepta, días después acude al abogado, el que confecciona una escritura, estableciendo como garantía propiedades que muchas veces no pertenecen directamente al solicitante, sino a un familiar de éste, como padres, hermanos o cónyuge.
Si el cliente no paga en el tiempo estipulado, posiblemente se repita el fenómeno migratorio, esta vez con la persona que prestó su propiedad en la escritura, que emigra para salvarla.
En entrevista publicada ayer por Al Día, William Zúñiga, dijo que en la actualidad cobra por llevar un ilegal desde Pérez Zeledón a Estados Unidos, vía México, entre $5.000 (¢2.175.000) y $5.500 (¢2.392.500), y que él obtiene de ganancia en cada caso “exitoso” entre ¢348 mil y ¢435 mil.
Dijo sentirse “orgulloso” de su actividad
porque “nunca” se le ha muerto una persona
en la travesía, aunque confesó que hay
riesgos en el paso por pequeños charrales por
pleno desierto.
Rostros tras un préstamo
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PREOCUPADA
María Araya vive en San Gerardo de Platanares de Pérez Zeledón. Está preocupada. Su esposo, Óscar Vargas, está en Canadá desde el 2003. Él, señala, tramitó un préstamo ante el bufete de Álex Solís. Vargas viajó a buscar dinero. Pero un accidente de construcción le dañó la espalda y el sueño se truncó. Ahora no hay dinero para regresar y ella debe hacer milagros para pasar la semana con sus siete hijos. La acompaña Yerling, de 3 años.
Allen CAMPOS/Al Día
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SIN ARREPENTIMIENTO
Rafael García es vecino de Villa Argentina de Platanares de Pérez Zeledón. No se arrepiente de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos en el 2000. Siempre fue su sueño. Agradece a Álex Solís por, dice, haberle prestado los $3.500 y a Wílliam Zúñiga (coyote) por permitirle hacer realidad su anhelo. Hipotecó tres hectáreas para dejar atrás el café y partir a probar suerte.
Allen CAMPOS/Al Día
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NO LE GUSTÓ
Aquilino Vargas es de Rivas de Pérez Zeledón. En el 2000 asegura haber pedido un crédito al bufete de Álex Solís para que un hijo y un yerno entraran ilegalmente a Estados Unidos. Fueron, dice, ¢4 millones. Vargas no se arrepiente, pero recuerda que el hoy Contralor se molestó porque pagó muy a tiempo el préstamo, evitando el pago de intereses.
Allen CAMPOS/Al Día
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CASA PERDIDA
Amelia Solís no esconde su pena cuando recuerda que no pudo pagar el préstamo que dice haber solicitado al bufete de Álex Solís, para que un hijo partiera a Estados Unidos, y la casa, que junto a su esposo había hipotecado, se perdió. No culpa a Solís y recuerda cómo el abogado les ofreció alquilarle la que antes fue su casa. Les cobró ¢20 mil por mes. Su esposo era guarda en una escuela de San Isidro.
Allen CAMPOS/Al Día
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DOLOR
Doña Margarita Blanco reza porque ningún otro hijo suyo deba partir ilegalmente a Estados Unidos. Dos han partido, queda un adolescente en casa. “Es mucho el dolor, demasiado. Uno no sabe si llegarán vivos o morirán botados, solos, en el desierto, en la nada”. Su esposo, Félix Villalobos, también asegura que en ambos casos pidió el dinero en el bufete de Álex Solís. “No había otra opción. El café aquí no da para vivir. Ellos nos ayudan”, expresó.
Allen CAMPOS/Al Día
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Negocio redondo
El coyotaje es un negocio que no deja pérdidas a ninguno de los involucrados en la red.
La recuperación del dinero se asegura, pues los emigrantes hipotecan sus propiedades para respaldar los préstamos. El que no paga la pierde, determinó el estudio del Ministerio de Trabajo en el 2001, con base en testimonios.
“Un caso lamentable es la de un matrimonio de abuelos que tiene una pequeña propiedad con una casita muy humilde que apenas se sostiene y que está a días de perderla ante el prestamista por haberla hipotecado para ayudar a su nieto y ante las presiones del yerno –el 11 de junio del 2001 un vecino informó que los abuelos habían sido desalojados–. Al nieto, con poco más de 24 horas en Arizona, lo capturó la policía fronteriza estadounidense y a la fecha lleva cuatro meses y medio encarcelado”, cita el documento. RentableEn términos financieros, los “coyotes” obtienen una “ganancia extraordinaria” de aproximadamente ¢1 millón por persona, determinó en aquel momento el estudio de Trabajo. Hoy el costo por trasladar a una persona hacia el país del Norte es de entre $5 mil (¢2.175.000) y $5.500 (¢2.392.500), según Wílliam Zuñiga, quien reconoció a Al Día dedicarse al trasiego de emigrantes indocumentados hacia Estados Unidos desde Pérez Zeledón.
Hasta tanto no se cancele el préstamo corren intereses.
“...un emigrante enganchado por ellos (coyotes) emigró hace tres meses y hasta hace un mes no consiguió trabajo. La esposa expresó que hace poco envió $900, de los cuales $700 se utilizarían íntegramente para pagar los intereses trimestrales de la deuda contraída con el coyote, que fue por un total de $4.500. Esto implica un interés mensual en dólares de 5,19 por ciento...” detalla el mismo informe. Hoy ese interés es de 3 por ciento mensual, aproximadamente.
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