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COMENTARIO
¿Defendiendo a los pobres? Aracelly Pacheco Salazar
Reguladora General
El punto de vista del señor Vega Carballo, en su columna del 7 de junio, pretende ser una sanción moral hacia la Autoridad Reguladora.
Si el articulista hubiera leído la resolución RRG 3363-2004, publicada en La Gaceta N° 54 del 17 de marzo del 2004, páginas 47 a 60, en la que se fijaron las tarifas de AyA, habría descubierto que en ella se analizan las implicaciones económicas perversas que tiene la estructura tarifaria, en términos de justicia distributiva, para los usuarios sin capacidad de pago o pobres.
Según la última encuesta realizada por el INEC, de julio del 2003, el 19 por ciento de los hogares se hallaba en condiciones de pobreza. Pero cabe esperar que más familias que no son calificadas de pobres en la encuesta, tengan también limitaciones económicas para atender su factura por agua y alcantarillado.
Tomando en cuenta esa circunstancia, los hogares con capacidad de pago, que estarían formados por la parte restante que no cubre a los pobres estadísticamente reconocidos y a los pobres invisibles, han gozado por largo tiempo de tarifas subsidiadas.
¿Qué efectos económicos tienen las tarifas subsidiadas sobre el conjunto de los usuarios domiciliarios (hogares)? En el 2003, el conjunto de los hogares recibió, a través de la estructura tarifaria vigente en ese momento, un monto global de subsidios por ¢ 4.966 millones.
Esos subsidios los pagaron otras categorías de usuarios. Sin embargo, como hay una sola tarifa para los usuarios domiciliarios y esta tarifa recibe un subsidio implícito, los hogares con capacidad de pago, entre los que se encuentran los ricos, se beneficiaron de una parte importante de aquella masa de recursos que transfirieron otros usuarios no domiciliarios.
Como el subsidio implícito no está focalizado, lo reciben todos los usuarios clasificados como domiciliarios. La consecuencia directa es que el esquema tiene efectos económicos perversos. En aras de tratar de proteger a los pobres, los no pobres terminan recibiendo la ayuda que les debería llegar a aquéllos.
La Autoridad Reguladora considera socialmente necesario que exista un programa de subsidios para las familias pobres que no tienen capacidad de pago o la tienen de manera reducida. Pero debe ser focalizado (lo deben recibir solo quienes lo necesitan) y explícito (debe desvincularse del esquema tarifario), para que el precio social del agua no sufra distorsiones que induzcan a un consumo irracional de uno de los elementos vitales para la preservación de la vida.
Quizás sin advertirlo, o quizás habiéndolo advertido, detrás de la preocupación social del señor Vega Carballo por la reciente subida del precio del agua sobre el bienestar de las personas desfavorecidas hay una defensa del statu quo. Con esa alza, los ricos, que tanto le preocupan, pagarán más por lavar sus vehículos, regar sus jardines, llenar sus piscinas...
Finalmente, debe señalarse que la solicitud tarifaria de AyA pretendía cuatro aumentos que habrían llegado al 100,4 por ciento en el término de 30 meses, lo que habría significado un impacto de mayor magnitud.
La Autoridad Reguladora, luego de evaluar integralmente la situación crítica que enfrenta la red nacional de acueducto, decretó un aumento que permitirá a la población continuar disponiendo de un servicio de calidad aceptable.
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