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LECTURA
La lectura del por tanto en la sentencia estuvo a cargo de Carlos Chaves, a su lado la presidenta del Tribunal Patricia Araya.
Rafael PACHECO/Al Día
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Condenan a cuatro por secuestro Rodolfo MARTÍN
rmartin@aldia.co.cr
Cuatro de cinco acusados que aún faltaban de juzgar por el secuestro de dos mujeres y dos niños, ocurrido el 7 de setiembre del 2001, en Rohrmoser, fueron hallados culpables y sentenciados ayer por el Tribunal de Juicio de San José.
Uno de los aspectos relevantes ayer, durante la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, tuvo lugar cuando la presidenta del Tribunal, Ana Patricia Araya Umaña, en representación de sus compañeros Linda Casas Zamora y Carlos Alberto Chaves Solera, censuró con vehemencia una presunta irregularidad procesal del Ministerio Público. (Ver nota aparte).
Los acusados Jonnathan Vargas Chavarría y Alonso Solano Ugalde fueron sentenciados a 12 años de prisión.
Al primero, le revocaron el beneficio de la excarcelación y al terminar la lectura quedó preso.
El Tribunal de Juicio también encontró responsables del delito de secuestro extorsivo a los acusados Alexánder Barboza Vásquez y Paola Rojas Murillo, a quienes les impuso la pena mínima de 10 años.
Los jueces estimaron que en el caso de Rojas su grado de participación había sido menor y en circunstancias en que las víctimas no habían sufrido tanto, como cuando estuvieron secuestradas en Birrís de Heredia.
Barboza, mientras tanto, porque desde un inicio no solo admitió los cargos, sino que también externó arrepentimiento.
El único de los imputados absuelto fue Asdrúbal Pérez Calvo, a quien favoreció el beneficio de la duda, según el Tribunal.
Siempre se le achacó haber sido quien planificó el secuestro, valiéndose de la cercanía que tenía con Bill Guillén Díaz, el esposo de una de las secuestradas y padre de uno de los niños víctimas.
“¡Aquí estoy limpio....cristalino! ¡por favor póngalo así en el periódido Al Día, en donde en grandes titulares dijeron que yo había sido el autor intelectual!”, expresó eufórico en las afueras del edificio de tribunales, una vez que acabó la audiencia.
Las víctimas en este caso fueron Gabriela Díaz Vindas, de 32 años, su hijo, Luis Diego Escalante, de 4 años, su sobrino Bill Guillén, de 3, y la servidora doméstica Yorleni Cajuna, de 20.
Estas personas fueron interceptadas cuando se dirigían hacia un centro educativo infantil.
Los participantes del secuestro exigían el pago de $2 millones (¢830 millones).
Las capturas y liberación de los secuestrados se lograron el 18 de setiembre, en una cabaña en Birrís de Santa Bárbara de Heredia. Otros sentenciadosEl 13 de octubre del 2003, otros cinco acusados se acogieron a un proceso abreviado.
Wálter Aguilar Bartel, Carlos Andrés Arellano Pinedo y Renzo Arias Muñoz, fueron sentenciados a seis años y ocho meses.
A Éricka Vanessa Sánchez Rodríguez y Hazel Valverde Arrieta les impusieron cuatro años.
En criterio del Tribunal de Juicio, la culpabilidad de los sentenciados no solo quedó debidamente acreditada con base en las pruebas conocidas durante el debate, sino que también pudo conocerse que actuaron con violencia.
Ello no sólo por la utilización de armas de fuego, sino también porque las víctimas fueron sometidas a una agresividad innecesaria.
Especialmente, cuando estuvieron secuestradas en una cabaña en Birrís. Ahí fueron amenazadas de muerte y atemorizadas con que, supuestamente, le enviarían partes de los cuerpos de los niños secuestrados al señor Guillén.
El Tribunal, además, acogió la acción civil resarcitoria y se condenó a los sentenciados al pago de ¢25 millones por concepto de daños morales.
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Eufórico
Asdrúbal Pérez Calvo, el único de los acusados que fue absuelto, cuando ayer gritaba de felicidad.
Rafael PACHECO/Al Día
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Cuestionan arreglo
El Tribunal de Juicio de San José censuró ayer con vehemencia al Ministerio Público por haber, supuestamente, promovido un proceso abreviado con un imputado para luego utilizarlo como testigo en contra de los otros acusados.
Así lo expuso, en términos generales, la jueza Ana Patricia Araya, presidenta del Tribunal, durante la lectura de la parte dispositiva de la sentencia en contra cinco acusados de secuerstro extorsivo.
La alusión se dio con respecto al arreglo al cual se llegó con el imputado Wálter Aguilar Bartels, quien declaró, especialmente, en contra de Asdrúbal Pérez Calvo.
Los cuatro acusados encontrados culpables fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 10 y 12 años de prisión.
La jueza Araya aclaró que no aceptaron la declaración de Aguilar por ser ilegítima.
Incluso, dijo que otro acusado, Alexánder Barboza Vásquez, siempre quiso un proceso abreviado. No sólo admitió su culpa, sino que dio muestras de arrepentimiento.
Pero no lo consiguió porque se negó a declarar en contra de otros imputados.
El fiscal Willie Escalante rechazó ayer cualquier anomalía en ese sentido. Aclaró que el Ministerio Público no buscó el proceso abreviado, sino que ésto se dio ante una propuesta de los defensores.
Hizo ver que el entendimiento no solo fue con Aguilar, sino con otros dos acusados y que, aunque la fiscalía los citó a comparecer, no disponía de ningún mecanismo para que ellos declararan durante el juicio.
Una prueba de ello, aseguró, es que los otros dos no declararon.
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